El juez cita como investigado al parlamentario del PSOE José Luis Sánchez Teruel por el fraude de las Marismas
La Audiencia estimó el recurso del PP para que el político aclare su papel en el supuesto amaño del concurso de la Junta para modernizar los regadíos
Ya es oficial. José Luis Sánchez Teruel, parlamentario andaluz del PSOE por Almería , está imputado por el supuesto desvío de fondos europeos destinados a la modernización de las marismas del Guadalquivir situadas entre los municipios de Dos Hermanas y Lebrija. El juez que instruye el denominado ‘caso Marismas’ lo ha citado a declarar el próximo 16 de marzo «como parte investigada» en este sumario de supuesta corrupción que salpica al Gobierno socialista de Manuel Chaves. El magistrado Juan Gutiérrez Casillas sigue la pista de los más de 40 millones de euros que llegaron a Sevilla procedentes de Bruselas para financiar estas infraestructuras hidráulicas.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, encargada de dar el visto bueno a las certificaciones de las obras para obtener las ayudas europeas, validó las mismas con justificantes falsos. José Luis Sánchez Teruel, actualmente aforado, desempeñaba un puesto clave en el citado departamento como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, «en la fecha de la sucesión de los hechos investigados», detalla el juez de Instrucción número 16 de Sevilla en un auto del pasado martes.
Por el cargo que ejercía en la Junta de Andalucía, «ya sea por acción u omisión» Sánchez Teruel podía «haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación de estas diligencias previas y, por tanto, procede su constitución en la causa como parte investigada», se justifica el juez que instruye el sumario desde 2013.
Un perito judicial cifró en 14,8 millones de euros el fraude del denominado ‘caso Marismas’ , más de un tercio de los 41,8 millones que la Unión Europea destinó a renovar las infraestructuras de los regadíos.
Recurso del PP
La citación como investigado de Sánchez Teruel ha sido un empeño de la acusación popular que ejerce el PP andaluz. Su letrado, Luis García Navarro, había recurrido un auto del juez dictado en noviembre de 2019 por el que decidió posponer la comparecencia judicial del político hasta que se agotara la instrucción de la causa y «se practiquen todas las diligencias». Sánchez Teruel está aforado, lo que significa que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es el competente para investigarlo, pero ello no impedía que pudiera ser llamado al procedimiento para defenderse o declarar de forma voluntaria.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que le correspondió resolver la impugnación, dio la razón al PP y dejó sin efecto la decisión del juez de aplazar su declaración .
Ante los supuestos delitos de prevaricación y de malversación que se investigan, «así como otros delitos de falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias», el juez señala que Sánchez Teruel, aforado como diputado autonómico, debe ser citado para que «tenga acceso al contenido íntegro de lo instruido, pueda instruirse debidamente con la asistencia jurídica letrada de lo actuado hasta el momento y pueda ejercer derecho de defensa interesando la práctica de las diligencias que estime oportunas , incluso declaración voluntaria en este juzgado, en orden al esclarecimiento de los hechos y de su posible responsabilidad o no en los mismos».
La investigación gira en torno a una resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria el 13 de octubre de 2004 por la cual se aprueba el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir y en el que se concedía una subvención de 40.119.944 euros , con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42 meses, especifica la resolución.
El juez investiga supuestos «incumplimientos de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras , las irregularidades posibles en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir».
Desde la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, que se sumó al recurso presentado por la acusación popular, declararon que «se recibieron presiones» por parte del hoy parlamentario socialista «para elegir cierta unión temporal de empresas (UTE) bajo la amenaza de no poder llegar a concluir la obra», destinada a la modernización de las Marismas sevillanas. La Fiscalía, que también apoyó la citación de Sánchez Teruel, le atribuyó un papel en los hechos «que es necesario esclarecer».
Afín a Susana Díaz
El dirigente socialista formaba parte del núcleo duro de la anterior líder del PSOE andaluz, Susana Díaz . El pasado mes de noviembre dejó la Secretaría General del partido en Almería que había ocupado durante más de una década tras renunciar a presentarse a la reelección en el congreso. El fin de su mandato se produce poco después de la derrota de su principal valedora en las primarias frente al exalcalde de Sevilla Juan Espadas. Desde el PSOE andaluz no se han pronunciado sobre la imputación de su cargo público a preguntas de ABC.
El código ético de la formación estipula que cuando uno de sus cargos públicos es imputado le correspond e la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, a la Comisión de Garantías de Igualdad «adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad».
El informe independiente encargado por el juez al perito de la Universidad de Córdoba Francisco Taguas, confirmó que las obras validadas por la consejería « difieren respecto de la certificación comprobada en 14.880.474 euros» . La mayor parte del desvío se localizó en los movimientos de tierra. El perito detalló que «la diferencia en ejecución material correspondiente a la certificación número 39 menos la certificación a precios tras adjudicación asciende a 7.772.008 euros» y «de esa diferencia, un importe de 7.003.668 euros, con un 90 por ciento de la total, corresponden al alza exclusivamente de los precios de los movimientos de tierras de las balsas y a los movimientos de tierras y tuberías de la red de riego».
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