La juez cierra la instrucción del crimen de la nave de «El Gordo»

Con un único imputado y sin dar curso a varias pruebas solicitadas por la defensa, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Carmona ha decretado en un reciente auto el procedimiento abreviado para el caso del crimen de la nave de «El Gordo», también conocido como el crimen de la gasolinera porque el cadáver de la víctima, Manuel J. G., acabó a la entrada de un surtidor del polígono Store aunque en realidad el asesinato se cometió en la urbanización Mataluna de Carmona, concretamente en las instalaciones de la empresa de transportes de José María Y. T., alias «El Gordo», donde un subalterno utilizó una escopeta de caza para disparar a bocajarro al fallecido (que había acudido a reclamar una vieja deuda) y rematarlo en el suelo de un tiro por la espalda .

Según ha podido conocer ABC por fuentes judiciales, la juez Rebeca Callejas ha dado por cerrada la instrucción confirmando la imputación en exclusiva del autor confeso del crimen, el ex militar cubano Alberto Hernández Blanco , que sin estar dado de alta ejercía como guardés de la nave industrial y a primera hora de la tarde del pasado 27 de noviembre irrumpió armado en la oficina interrumpiendo la conversación de su jefe con Manuel J. G., quien había acudido acompañado de tres amigos para reclamar la deuda. Sin prácticamente mediar palabra y «a cañón tocante» (lo que descarta, según los expertos de la Policía Nacional, que la víctima portara un arma), esta especie de guardaespaldas puso fin a la controversia causando la muerte al acreedor de «El Gordo».

Pese a todas las sombras que rodean al caso (huida del ejecutor y los testigos del escenario del crimen, tardanza de la Policía Nacional en acudir a la nave, eliminación de las imágenes tomadas por el sistema de videovigilancia interno, supuestos vínculos tanto con el narcotráfico como con una banda de asaltantes portugueses especializados en el robo de droga…), la instructora no ha considerado oportuno alargar las investigaciones centrando la acusación en el cubano y decretando la desimputación de, entre otros, José María Y. T., al que ni siquiera le mantiene los cargos por tenencia ilícita de armas pese a la escopeta robada que tenía a su disposición su empleado cubano.

En el último auto, la instructora no llega a mencionar a «El Gordo» a la hora de confirmar que no mantiene las imputaciones iniciales contra ninguno de los acusados en un principio por supuesto encubrimiento. La acusación particular, ejercida por las hijas del asesinado, ha recurrido para que se investigue al empresario, que tras el crimen abandonó la nave para marcharse a ver a unos familiares a un pueblo extremeño fronterizo con Portugal. Además, la abogada de la familia plantea que se declare de especial complejidad la causa para que prosigan las diligencias de investigación. Por su parte, según las fuentes consultadas por este diario, la Fiscalía ha pedido que el caso sea enjuiciado por un jurado popular.