TRIBUNALES
El juez del «caso Marismas» inicia una maratón de declaraciones a más de 25 acusados
Desde hoy al día 20 de este mes interrogará de nuevo a 21 investigados y escuchará por primera vez a seis de los inculpados
Juan Gutiérrez Casillas, el juez que instruye el denominado «caso Marismas» , en el que se investiga un presunto fraude de 40 millones de euros en las obras de modernización del Bajo Guadalquivir entre Los Palacios y Lebrija y el presunto amaño en el concurso de adjudicación del proyecto , que nunca llegó a materializarse, ha retomado este miércoles lo que supondrá una maratón de declaraciones a más de 25 investigados en esta trama.
El magistrado había citado en la mañana de este miércoles a seis acusados, entre ellos funcionarios de la Consejería de la Agricultura y de la Delegación Provincial. Además, estaban citado el que fuera director general de Regadíos y Estructuras del Gobierno autonómico -cesó del cargo cinco meses antes de comenzar las obras, según ha declarado él mismo-, y el presidente de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir , Diego García Santos, y el secretario de esta organización. Estos últimos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Las declaraciones previstas para hoy eran ampliatorias, pues los seis citados no acudían por primera vez ante el instructor. En idéntica situación se encuentran los próximos quince acusados llamados a declarar de nuevo. Sólo serán escuchados de nuevas por el juez seis acusados.
Entre los investigados se encuentran José Luis Sánchez Teruel , parlamentario andaluz, actual secretario de organización del PSOE de Almería y director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura durante las fechas en las que se produjo el fraude para la modernización de las marismas del Guadalquivir. El dirigente socialista es aforado y su interrogatorio, a petición del instructor, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La práctica de estas diligencias supone la primera actuación del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en esta causa, después de que un auto con fecha del 6 de noviembre de 2019 reactivara este procedimiento que vivió dos años de parálisis.
Concurso y fraude
La Junta de Andalucía aprobó en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros con cargo a los fondos europeos para un proyecto de modernización de las canalizaciones de la margen izquierda del río entre Dos Hermanas y Lebrija , cifrado en 66 millones y estableció que el dinero restante sería aportado por la comunidad de regantes, pero no comprobó su solvencia, de modo que la iniciativa se licitó sin que la ejecución de la obra estuviese garantizada.
El primer peritaje sostiene que sólo el 70 por ciento de las obras que se justificaron se llevaron a cabo . El destino del otro 30 es una incógnita. De hecho, la Guardia Civil cifra el fraude en la justificación de 40 millones de los fondos europeos destinados a la construcción de nuevas canalizaciones en las Marismas.
Una llamada desde la Junta
En 2008 se celebró el concurso de adjudicación de dicho proyecto . En una primera baremación ganó la propuesta presentada por una UTE conformada por Teconas, una empresa nacional, y Meci y Tegner, dos sociedades de la zona, que presentó la oferta más cara de las doce que concursaron, pero la mesa de contratación cambió los criterios y esta UTE se situó de repente como ganadora. En ella participaban los empresarios locales Manuel Moreno, cónsul honorario de Turquía en Sevilla, y Antonio Navarro «El Murciano».
Sin embargo, el mismo día en que se produjo la adjudicación alguien de la Junta de Andalucía llamó a los responsables de la mesa de contratación para indicarles que estas sociedades no tenían calificación para optar al concurso y ordenaron repetirlo.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, el que fuera presidente de la Comunidad de Regantes, Diego García, que este miércoles se ha acogido a su derecho a no declarar, recibió una llamada esa noche en la que se le instó a dar por ganadora a la UTE Befesa-Alpi, que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Pero había una condición, la empresa ganadora debía aceptar subcontratar a los empresarios locales si quería hacerse con el concurso. Y esta petición fue realizada ante notario.
Varios testigos de este presunto amaño del concurso público apuntan a Sánchez Teruel como la persona que dio aquellas instrucciones. Por eso el juez acordó citar como investigados tanto a los miembros de Befesa como al socialista para esclarecer estos hechos.
Noticias relacionadas
