SOS de los jueces de Sevilla: No hay medios para atender la avalancha de cláusulas suelo

La junta de jueces de Sevilla ha rechazado hoy de forma unánime la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ ) de que a partir del 1 de junio un juzgado bis con siete funcionarios y un juez en prácticas, carente de experiencia, se ocupe de las más de 8.000 demandas de cláusulas suelos que se esperan recibir en toda la provincia. En su lugar, los jueces piden al CGPJ más juzgados de Primera Instancia para poder atender la avalancha de demandas de cláusulas suelo que se prevé a partir de junio, cuando acabe el plazo de cuatro meses que había dado el Gobierno central para que los particulares negociaran con los bancos.

Los jueces han tildado de «descabellada, oportunista y peligrosa» la propuesta de que crear un órgano bis, dependiente del Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla, para ocuparse de los litigios sobre cláusulas abusivas incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. Y lo que es peor, avisan de que ese órgano se colapsará y tardará años en resolver las demandas, con el consiguiente perjuicio para los particulares.

Desde 2015, las cláusulas suelos pasaron de los juzgados mercantiles a los de Primera Instancia. Ello provocó que cada uno de los 22 juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Sevilla recibiera una media de 2.035 asuntos, lo que supuso un incremento de la carga de trabajo del 130%. En 2016, las cláusulas abusivas generaron 1.959 demandas y en lo que va de 2017 ya se han presentado 1.100. «La tendencia, sin esperar la avalancha previsible, es que las demandas de esta naturaleza supongan al menos 3.900», indica el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero.

Además, los jueces subrayan que de crearse el órgano bis, éste recibiría no sólo las demandas de la capital, sino también de toda la provincia. «Habrá que pensar que el juzgado, aún reforzado con uno o varios jueces de adscripción territorial (JAT) , debería asumir lo inasumible por el colapso, cifra de al menos 8.000 demandas de claúsulas suelo», añade Guerrero, quien desca que en estas condiciones no se podía garantizar la tutela judicial efectiva «porque las demandas tardarían años en resolverse».

En diciembre de 2016, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a la banca a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo. Ello llevó al Gobierno a aprobar un decreto para que los particulares pudieran negociar en el plazo de cuatro meses con los bancos. Ese plazo acaba el 1 de junio, razón por la que los jueces prevén una avalancha de demandas a partir de entonces por parte de quienes no hayan alcanzado un acuerdo con las entidades bancarias.