Ciudad de la Justicia
La judicatura sevillana ya no se opone al traslado de la Ciudad de la Justicia a Palmas Altas
Jueces, abogados y procuradores, antes reacios a alejarse del Prado, creen que la compra de edificios supone que es algo «definitivo»
La Junta de Andalucía dará hoy un paso importante para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad . El Consejo de Gobierno aprobará la modificación presupuestaria para liberar 78 millones de euros para la compra de los edificios de Abengoa y otras dos parcelas anexas en Palmas Altas. Es el pistoletazo de salida para que después de más de veinte años hablando del tema y de constantes cambios de posibles ubicaciones, el traslado a Palmas Altas se vea en el horizonte como algo real.
Y eso parecen saberlo los operadores jurídicos que ya no se muestran tan reacios como hace meses a que los órganos judiciales se alejen del Prado y del centro de la ciudad. Si jueces y fiscales no querían ni oír hablar de un posible traslado a varios kilómetros del casco urbano, ahora lo dan por hecho.
«Creo que el paso que han dado ya es definitivo», admitía ayer Damián Alvarez, presidente de la Audiencia de Sevilla, quien es consciente de que el traslado es una necesidad urgente para los órganos instalados en ese viejo edificio que acaba de cumplir cincuenta años . Y a ello se une la dispersión actual de órganos, con unos entre los dos inmuebles del Prado (los juzgados y la Audiencia) y otros en Viapol y la Buhaira.
Por ello, Álvarez no pone pegas a ese traslado para unificar todos los órganos en una misma sede , algo que contempla ya el proyecto de Palmas Altas.
Los operadores jurídicos advierten de que, sin un plan de accesibilidad, el traslado será inviable
Sin embargo, como el resto de operadores, lo condiciona a que se articule un plan de accesibilidad hasta la zona de Palma Altas. «Habrá que hacerlo en condiciones idóneas y facilitando el acceso». De hecho, Álvarez insiste en que será necesario que se pongan en marcha las infraestructuras necesarias que hay sobre la mesa como tranvía, metro y una buena red de autobuses. Y también pide que se tenga en cuenta el tráfico para que cada traslado a Palmas Altas «no suponga un exceso de tiempo» para los operadores jurídicos.
En cualquier caso, Álvarez, que se jubila en noviembre, es consciente de que no verá la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas desde su puesto y asume que la pandemia ha provocado un retraso en el inicio del proceso.
El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, calificó de «correcto» el nuevo paso que se da con la compra e insistió en que lo importante ahora es solventar los problemas de accesibilidad y de espacio que aún existen para que puedan trasladarse todos los órganos. Guerrero, que dice no tener ninguna confirmación por escrito ni ha vuelto a tener comunicación oficial desde la visita que hicieron hace un año (antes de la pandemia), no se atreve a hablar de fechas. Pero insiste en que faltan muchas obras, la adecuación de los edificios actuales, los nuevos y los aparcamientos y accesos.
También los abogados parecen haber suavizado su posición. Su decano, Óscar Cisneros, considera que la promesa de acometer definitivamente la Ciudad de la Justicia «parece que se va a llevar a cabo», aunque es consciente de que quedan las adaptaciones y reforma de los edificios. En cualquier caso, Cisneros recalca que al impulso de la compra deben acompañar también las necesarias infraestructuras de nuevos viales y accesos así como el transporte público. «Sin eso, la finalidad de una sede judicial única quedará frustrada y perderá su sentido», explica. «Por lo menos que se pueda llegar en metro», reclama.
La presidenta de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, afirma que ellos siempre han manifestado que Palmas Altas debería supeditarse a un proyecto global sin dispersión de órganos judiciales, pues la disgregación, dadas las grandes distancias entre las actuales sedes y Palmas Altas impediría el correcto desarrollo de sus obligaciones. Y también apuesta porque se ejecute en un plazo razonable para que no exista tanta demora y que la fase primera y provisional no se prolongue en exceso. Además pide que se garantice la accesibilidad con planes para ello. «Estamos preocupados por estos factores, necesarios para que la justicia en Sevilla tenga la consideración que merecen», dice.
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