Sos de los arquitectos
Los inversores huyen de Sevilla por el atasco en la concesión de 3.000 licencias de obras
La norma, ideada para acortar plazos, alarga la espera más de un año y es «un follón», según admiten desde Protección Ambiental
Los arquitectos de Sevilla lanzaron este jueves una clara llamada de alerta : los inversores están huyendo de la ciudad debido a los retrasos del Ayuntamiento, concretamente de Medio Ambiente, para conceder licencias de obras y de actividad. La situación, con 3.000 expedientes paralizados por falta de permisos, algunos de los cuales tardan doce o catorce meses en desbloquearse para las licencias, es alarmante, según el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río .
Se trata de una parálisis que está provocando la inseguridad para los inversores y los empresarios que no se atreven a acudir a Sevilla. «El inversor se enfrenta a una gran inseguridad jurídica , necesita conocer los plazos para conocer también los costes», dijo el decano de los arquitectos durante unas jornadas celebradas en Sevilla sobre la aplicación de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, OROA.
Un debate en el que estuvieron presentes técnicos del Ayuntamiento, arquitectos y empresarios, y que puso de manifiesto que la normativa, que fue ideada para acortar plazos, es compleja y provoca una descoordinación entre Urbanismo y Medio Ambiente. Y no la entienden ni los funcionarios. Además no ha acortado los plazos para las licencias sino lo contrario: las ha alargado. «Teníamos nuestras esperanzas puestas en que se acortaran esos plazos pero de forma sorpresiva se han alargado de manera alarmante», advirtió Díaz del Río. De hecho, el decano insistió en que Sevilla está perdiendo inversión y que la situación es «dramática» ya que lo que está ocurriendo en Sevilla «no pasa en otras ciudades». Si el servicio de licencias funciona mal, lo hace peor con el de Medio Ambiente», dijo.
Las explicaciones del jefe de Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Pinto del Bolt, fueron claras: reconoció que se trata de una norma compleja que no ha servido para resolver los problemas y que se enfrenta a otro problema ya que el Ayuntamiento tiene una plantilla insuficiente para hacerle frente. Bolt, bombardeado a preguntas por arquitectos y empresarios, dejó muy claro que la normativa «no ha servido para resolver los problemas endémicos existentes» ni ha logrado disminuir los retrasos e incluso «ha creado nuevos problemas» derivados de las nuevas órdenes que han surgido y que han tenido a los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento muy ocupados durante «un tiempo excesivo».
¿El problema? La OROA es una «ordenanza compleja» y no comprensible fácilmente. «Hay que tomarse una caja de pastillas para leérsela», admitió el jefe del servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla asegurando que tiene «fallos de redacción y una prosa muy confusa».
Pero el representante de Medio Ambiente también admitió el excesivo control de manera implícita. «Hay quien dice que tenemos mas trámites que Uganda, es el coste de vivir en un país desarrollado», recalcó. En cuanto a las cifras, explicó que el servicio en el que el está al frente tramita unas 800 ó 900 licencias al año y que cada vez les llegan más demandas por la vía penal. «Los juzgados nos tienen acribillados porque la gente ya no se conforma con lo contencioso y va a la vía penal», dijo explicando los detalles de una normativa que les ha producido «muchos quebraderos de cabeza». y muchas confusiones de términos. «Un follón» , resumió para definir esa normativa que incluye licencia de obras y la de actividad. Si antes se exigía un solo documento, ahora se abren dos procedimientos, algo que, según tuvo que reconocer el técnico, les ha costado trabajo entender hasta a los mismos funcionarios que lo tramitan.
Pinto del Bolt admitió que la ordenanza es «mejorable» y entonó un mea culpa. «Tenemos atrasos pero todos tenemos que colaborar el administrador y el administrado» dijo el técnico municipal cargando las tintas sobre la falta de personal que, a su juicio, hay en el Ayuntamiento. Según denunció, la tasa de reposición entre el personal es cero cuando algunos trabajadores se jubilan y, por ello, no tienen tiempo «ni para hacer estadísticas». No se reemplazan y, por ello, el sistema «acumula retrasos». También descargó parte de responsabilidad en los autores de algunos proyectos que les llegan que, según dijo, «son infames». «A veces siento vergüenza de lo que haya hecho un colega», explicó.
El jefe de servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Salazar, defendió que la normativa «está bien vertebrada» pero admitió que la aplicación no ha cumplido con todas las expectativas creadas achacándolo a la falta de coordinación entre los funcionarios. «No podemos dejar al administrado como perjudicado en medio de nuestras diferencias entra las áreas técnicas que se pronuncian sobre los proyectos» admitió. Desde Gaesco, el arquitecto y asesor técnico, Eduardo Martínez Zuñiga, pidió una normativa más breve y simplificada ya que «ha fallado la reestructuración del personal» entre Urbanismo y Medio Ambiente.
Los arquitectos propusieron otra solución: externalizar este servicio de concesión de licencias. Según el decano, si el Ayuntamiento no puede ampliar la plantilla de funcionarios y se está produciendo un repunte de actividad, deben buscar profesionales fuera del Ayuntamiento para que se encarguen del proceso y eliminen «ese tapón de 3.000 informes» . Y que un funcionario de a posteriori el visto bueno a esos expedientes. Una externalización que, según Díaz del Río, ya se aplicó hace unos años cuando con Emilio Carrillo en Urbanismo contrataron arquitectos para aesos trámites. «Es una solución barata», dijo.
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