SUCESOS
Interior confirma la suspensión de los policías imputados por el vídeo
Sólo les queda la vía contenciosa para levantar la sanción disciplinaria; algunos ya han decidido recurrir
Los seis policías nacionale s que están suspendidos de empleo y sueldo desde el pasado verano por su implicación en un presunto robo de tabaco de contrabando y de dinero, seguirán apartados del servicio. Los funcionarios recurrieron esta sanción disciplinaria ante la Dirección General de la Policía Nacional que en los últimos días ha respondido desestimando los recursos y confirmando las medidas cautelares impuestas. Los policías fueron denunciados por una pareja que regenta un comercio de la Ronda Pío XII señalado por los estanqueros como un punto reincidente de venta de tabaco de contrabando.
Fuentes del caso confirmaron que a los policías, pertenecientes a la escala básica y destinados en la Comisaría de la Macarena, tan sólo les queda la vía judicial para tratar de levantar una sanción que no tiene fecha de caducidad. Según afirmó hace unas semanas el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, permanecerán en esta situación hasta que no culmine la investigación judicial que dirige el juzgado de Instrucción nº 1 de Sevilla.
Algunos de los policías ya han confirmado que van a recurrir la decisión de la Dirección General , ahora confirmada, ante los tribunales. Consideran que la medida acordada es excesiva cuando aún no hay un pronunciamiento judicial en firme. Actualmente los seis funcionarios están imputados por los delitos de cohecho, exacciones ilegales, falsificación documental y omisión del deber de perseguir delitos.
Otro de los argumentos que esgrimen los policías es que existen precedentes en el Cuerpo de agentes que también se vieron implicados en procedimientos judiciales y no se acordó ninguna medida disciplinaria contra ellos mientras no existiera sentencia.
Los agentes ya han declarado ante asuntos internos y la juez instructora. Tan pronto fueron citados a declarar en calidad de imputados y la Fiscalía solicitó una orden de alejamiento con respecto a los denunciantes, Interior movió ficha y decidió suspenderlos.
La denominada «operación Dani» arrancó en secreto en junio, cuando a asuntos internos le llegó las grabaciones de las cámaras de seguridad de un ultramarinos. Los dueños del negocio, una pareja rumana, habían entregado el material a un inspector de la brigada de Extranjería a través de su abogado, y este agente lo puso en conocimiento de asuntos internos que abrió de inmediato una investigación.
La prueba comprometedora
En ese vídeo se observa cómo los funcionarios policiales registran la tienda de los denunciantes el pasado 19 de mayo. Uno de ellos incluso se acerca a una de las cámaras. Los dueños de la tienda aseguran que quería verificar si estaban en funcionamiento o apagadas como les había dicho la tendedera.
En las secuencias que facilitan los denunciantes, se ve también a los funcionarios apilando el dinero y el tabaco en el mostrador y cómo meten el género en bolsas. La parte más comprometedora es cuando uno de los policías se introduce dinero en el bolsillo trasero de su pantalón (vestía ese día de paisano) y sale de la tienda.
Los denunciantes aseguran que esas imágenes son la prueba inequívoca de que los policías se llevaron dinero y tabaco sin hacerlo constar luego en dependencias policiales. En concreto han declarado que les quitaron más de 17.000 euros.
En sus acusaciones también apuntan a que los implicados podrían formar parte de una trama organizada que aprovechaba los operativos policiales para sacar tajada.
La versión de los agentes es completamente distinta . Afirman que hallaron 8.000 euros pero que no requisaron cantidad alguna porque no superaba el límite de los 15.000 euros para considerarlo las ganancias de un delito de contrabando.
Con respecto al tabaco, los agentes entregaron en el depósito oficial 156 cajetillas de tabaco como consta en el acta de entrega del depositario oficial.
En el informe que entregó asuntos internos a la juez y cuyo contenido desveló en exclusiva este periódico en octubre tras destapar una investigación que se había llevado hasta la fecha en secreto, concluye de manera provisional que existen indicios de delito en el comportamiento de los funcionarios pero descartan que actúen como una mafia policial.
