El engaño de la clínica dental
La inspección pidió a Salud el cierre urgente de las clínicas de iDental hace más de un año
Afectados llevan al fiscal a la Junta por no hacer caso de las alertas que podían haberlo evitado. Los inspectores alertaron de que la clínica se dedicaba «a obtener el máximo beneficio a costa de la salud de los pacientes
La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla recibió en marzo de 2017 un informe de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios que recomendaba el cierre de las clínicas iDental en Sevilla. Así consta en la denuncia que ha presentado en la mañana de este miércoles en la Fiscalía de Sevilla la Asociación Sevillana de Afectados de iDental, miembros de la plataforma Marea Blanca y Podemos Andalucía.
La citada denuncia que se dirige contra los responsables de la delegación provincial de la Consejería de Salud en Sevilla y contra los administradores de iDental en la que se explica que al menos desde el 27 de marzo de 2017 la delegada territorial y la inspección provincial de Servicios Sanitarios tiene conocimiento a través del Colegio de Dentistas de un incremento desmesurado de quejas en el funcionamiento de las clínicas dentales, algo que esta ocasionando «graves perjuicios y lesiones a los pacientes». Por ello el colegio pidió a la Delegación que adoptara las medidas oportunas para acabar con esa situación, sin obtener respuesta.
Posteriormente, según la denuncia, tras el estudio de multitud de quejas de Consumo, el 8 de mayo de 2017 un inspector médico recomendó «adoptar urgentemente medidas cautelares» . Unas medidas que pasaban por «incoar un expediente sancionador y resolver de inmediato el cierre temporal del establecimiento». Y, en paralelo « el cierre cautelar, realizar una inspección conjunto consumo-salud bucodental para comprobar la adecuación a la normativa vigente estas dos clínicas». Sin embargo, unos días después, el 11 de mayo de 2017 se decide no adoptar medida cautelar alguna ante un evidente problema de salud publica y seguir investigando en contra del criterio del inspector.
Tras varias visitas del inspector médico a las clínicas, en diciembre de 2017 el informe concluyó que la organización y funcionamiento de la clínica « está dirigido a obtener el máximo beneficio aún a costa de la salud de los pacientes» .
Por ello la denuncia presentada contra la Junta sostiene que se han observado indicios y evidencias de mala praxis como «secuelas de salud por las complicaciones del tratamiento recibido ocasionando una pérdida de audición permanente, daños irreparables para la salud oral, pérdida injustificada de piezas dentales, imprudencia profesional, engaño al paciente, o fracaso precoz del tratamiento con implantes realizado».
Incluso, según el texto de la denuncia, el inspector médico alertó de que podían estar produciéndose delitos al estimar «imprudencia profesional reiterada y continuada con resultado de lesiones que menoscaban la integridad corporal y la salud física».
A pesar de la gravedad de las lesiones, el numero de pacientes con lesiones de gravedad, Salud no puso en conocimiento de la Fiscalía o los juzgados dichos hechos provocando que «se siguiera produciendo víctimas dese marzo de 2017 a febrero de 2018». Por ello los denunciantes consideran que se podía haber evitado «mucho sufrimiento a muchas familias si las autoridades de la Junta de Andalucía hubieran adoptado medidas cautelares como el cierre temporal.
Por ello los denunciantes consideran que en la actuación de Salud, al no hacer caso de los informes de la Inspección podría haber delitos de omisión , delito contra la salud publica y delitos de estafa. En la querella se pide que se inicie una investigación por lo ocurrido y se practiquen las diligencias necesarias como la declaración del inspector médico que pidió el cierre de la clínica o la declaración en calidad de investigados de los titulares de varios altos cargos en la delegación de Salud en Sevilla.
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