Desalojo de La Raza: un cierre con sabor a venganza

El informe jurídico en el que se cambió la calificación del antiguo pabellón de Información de la Exposición Iberoamericana de bien patrimonial a demanial , provocando la conclusión de la concesión del inmueble al restaurante La Raza , fue realizado por un funcionario municipal que había tenido relación directa durante años con uno de los principales implicados en el caso Mercasevilla y en los ERE, Antonio Rivas . Concretamente, el dictamen en el que se insta a esta modificación que ahora perjudica a los empresarios que grabaron el intento de cohecho que dio origen al escándalo es responsabilidad del que fuera jefe de la Sección de Inventario del Ayuntamiento hasta diciembre de 2014, Luis Rodríguez Estacio, un abogado que accedió a esta plaza por oposición en 2011 y que procedía del Ayuntamiento de Camas , donde había sido contratado como jefe externo de los servicios jurídicos en 1997, siendo alcalde Rivas.

Uno de los detalles más llamativos del primer borrador realizado por Rodríguez para tratar este asunto es que a pesar de que el informe se hizo para dar cuenta de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre 44 inmuebles municipales que mantenían alquileres de renta antigua, en su dictamen sólo se cita a La Raza , negocio en el que se detiene para denunciar que «incomprensiblemente se convirtió a los concesionarios en arrendatarios en contra de las normas jurídicas aplicables» en el momento en que se firmó el contrato original en 1954. Del resto de negocios en esta misma situación no dice nada.

El documento, al que ha tenido acceso ABC, es el punto de partida para el desalojo de la empresa La Raza de este inmueble de titularidad municipal. Al tratarse de un informe técnico del funcionario encargado del inventario de edificios públicos , los políticos no tienen más opción que atenerse a su mandato, por lo que ni el anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido, ni el actual, Juan Espadas, pueden actuar en contra de lo que plantea Rodríguez, como en las distintas reuniones mantenidas entre ambas partes ha aclarado el secretario municipal, encargado de velar por la aplicación de los dictámenes jurídicos que emiten los habilitados públicos.

Este polémico informe es técnicamente correcto , ya que el jefe de Inventario tiene potestad para hacer estas aclaraciones sobre la calificación de los bienes de uso público. Sin embargo, los afectados defienden en sus alegaciones que, en todo caso, se trata de un error que ha cometido durante años la Administración y que el administrado no puede ser el perjudicado, además de que, entre todas las soluciones que ofrece el marco jurídico, el informe aplica la más perjudicial para La Raza.

La clave está en el cambio del inmueble a bien demanial. La figura del demanio —bien de dominio público— obliga a su propietario, en este caso el Ayuntamiento, a impedir un uso privativo del espacio salvo a través de una concesión administrativa que tiene que salir a concurso. En el informe de Rodríguez lo que se propone es que se otorguen prórrogas de un mes a los actuales propietarios hasta que se adjudique la nueva concesión. Pero el Ayuntamiento puede, si así lo estima, cambiar el uso.

Esto se resolverá, en todo caso, cuando concluya el procedimiento de alegaciones, aunque los afectados continuarán defendiendo su postura en los tribunales y podrían solicitar la paralización cautelar del desalojo hasta que se resuelva el litigio, por lo que los eventos programados en La Raza actualmente no corren peligro .

Curiosamente, la calificación como bien demanial sólo ha afectado finalmente a seis de los 44 edificios afectados inicialmente por la medida: La Raza, el bar Citroen , el bar Paradas de Reina Mercedes y tres puestos en mercados de abastos. El plazo para presentar el recurso de reposición termina el 18 de junio, fecha a partir de la cual el Ayuntamiento tiene que pronunciarse de manera definitiva. Hasta ahora, sin embargo, se ha aplicado la fórmula ideada por el exasesor de Rivas , una situación que propicia la polémica, ya que la grabación realizada por los dueños de La Raza y principales perjudicados por este informe destapó la petición de una comisión de 300.000 euros a cambio de una subvención para una escuela de hostelería que otorgaba este político socialista, entonces delegado de Empleo de la Junta, y toda la trama posterior de los ERE. De hecho, Antonio Rivas estuvo implicado en el caso Mercasevilla hasta que fue absuelto por el Supremo y actualmente está imputado por la inclusión de varios intrusos en prejubilaciones, algunos de ellos familiares suyos. Ayer, por cierto, se inició una corriente popular en la redes sociales con el lema «Salvemos la Raza»