Imputado en el caso Marismas un interventor de la Junta encausado también en los ERE

El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha imputado a Juan Luque Alfonso, exinterventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca y actual interventor de la Consejería de Hacienda, por «el pago de una subvención (4 ,2 millones de euros) correspondiente a una certificación de obra de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir sin aplicar el procedimiento establecido ni los requisitos para la autorización de dicho pago». En 2014, Juan Luque ya fue imputado también por la juez Mercedes Alaya, junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos Magdalena Álvarez en el caso de los ERE por su actuación cuando era interventor delegado en la Consejería de Empleo.

Luque ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción 16 en el caso Marismas a petición de la Fiscalía de Sevilla y deberá declarará el próximo 22 de febrero acompañado de letrado al tener la consideración de «investigado», según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía pidió su imputación por entender que había pagado los 4,2 millones de euros de la subvención correspondiente a una certificación de obra «desobedeciendo por completo el procedimiento establecido». Luque ya declaró ante los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil como imputado por un delito de prevaricación por haber firmado una serie de documentos «imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación».

La Guardia Civil ha concluido que se pagaron a la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir 40 millones de euros por unas obras que se ejecutaron sólo al 60% y para ello se habrían hecho certificaciones falsas, inflando los precios hasta en doce millones de euros para poder cuadrar las partidas que la UE destinada al proyecto de modernización de esa margen del río entre Dos Hermanas y Lebrija.

Asimismo, el juzgado ha ordenado que se practiquen otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, como la referida a que dos peritos judiciales, técnicos de la Junta y especialistas en regadíos y obra pública, elaboren un dictamen pericial sobre la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la obra realmente pagada, así como que hagan una comparación de los diferentes proyectos.

El juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas , ha pedido además que se designen a dos peritos de la Agencia Tributaria «para que emitan informe sobre el análisis de las facturas, certificaciones y pagos/cobros correspondientes a las mismas». Asimismo, ha ordenado que esos técnicos colaboren no sólo con el juzgado, sino también con el equipo de la Guardia Civil encargado de la investigación.

A la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, el instructor pide que en veinte días entreguen original del acta de la mesa de contratación de 2005 y resolución de adjudicación de la obra a la UTE Befesa-Alpi , originales de las certificaciones de obra, justificantes de abono de las mismas y facturas presentadas. Además, solicita las notificaciones a las UTE Teconsa-Elecnor, Meci-Tegner de la preadjudicación, de la revocación de esa preajdudicación y justificantes de los pagos realizados a las cuatro empresa en concepto de indemnización.