Tribunales
El Gobierno de Díaz planeaba en secreto llevar la Ciudad de la Justicia de Sevilla a Palmas Altas
El plan, con un coste de 80 millones de euros, fue llevado con absoluta discreción y suponía el traslado de todos los órganos menos la Audiencia, que seguiría en el Prado
La Ciudad de la Justicia de Sevilla podría ubicarse en Palmas Altas si la Junta de Andalucía asume el proyecto que dejó ultimado la anterior consejera de Justicia, Rosa Aguilar, para trasladar los órganos judiciales a los mismos edificios donde actualmente se ubican Abengoa y la Universidad Loyola Andalucía . Se trata de un proyecto llevado en el más estricto secreto por altos cargos de Justicia y del que sólo tenían conocimiento, además de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río y el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Alvarez.
El proyecto, a cuyo borrador ha tenido acceso ABC, supondría que, con excepción de la Audiencia de Sevilla, que quedaría en el mismo edificio del Prado de San Sebastián, donde también seguirían las secciones penales, civiles y las dependencias del TSJA y la Fiscalía, se trasladarían el resto de juzgados a las siete torres de Palmas Altas.
Según ese boceto, el edificio de los juzgados actuales del Prado (donde se ubica el Decanato y los juzgados de instrucción y al que están a punto de trasladarse los órganos de Violencia de Género) quedaría en reserva . Todos los juzgados de todos los órdenes (incluidos los de los Edificios Noga, Buhaira y Viapol) irán a los mismos inmuebles de Palmas Altas . Incluso sobraría espacio pues, según el proyecto, los edificios ubicados en la carretera Sevilla-Bellavista tendrían capacidad para albergar 112 juzgados.
El proyecto para ubicar la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas f ue llevado con el máximo secreto por el equipo que dirigía Rosa Aguilar después de que se descartara Los Gordales porque ese solar implicaría el traslado de la Feria de Sevilla. Según ha podido saber ABC, ese boceto incluso contaba con el visto bueno de los bancos y estaba a punto de ser presentado por el anterior gobierno de Susana Díaz, pero quedó aplazado y la intención era hacerlo pasadas las elecciones del pasado 2 de diciembre.
Tras la llegada a la Junta del popular Juanma Moreno Bonilla, Justicia (que antes tenía rango de Consejería) se integró en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con una Secretaría General de Justicia compuesta por tres direcciones generales . Al parecer, durante el reciente traspaso de poderes se informó a un alto cargo del actual equipo que dirige Juan Marín del proyecto y se le entregó un dossier con el boceto. No se ha sabido más del tema. Ayer el presidente de la Audiencia, Damián Alvarez, admitió que había sido informado de la posibilidad pero dijo que no conocía el proyecto al detalle. Por ello aseguró que tendría que «examinar» el proyecto antes de dar su opinión.
Ahorro
Pese al secretismo, el traslado era más que un proyecto ya que había bocetos y planos y un estudio del coste al que habrían dado el visto bueno los bancos en varias reuniones celebradas con entidades bancarias. Según esa estimación, la compra del Campus de Palmas Altas tendría un coste de 60 millones de euros que la Junta de Andalucía pagaría en 13 años aunque, según lo programado, durante los tres primeros años sólo se abonarían los intereses que oscilarían entre el uno y el dos por ciento.
Ello supondría que podría costar algo más de 66 millones de euros (al 2 por ciento de intereses) y poco más de 63 millones (si el interés fuera del 1 por ciento). A ello habría que sumar las obras de adaptación que la Consejería de Justicia había calculado en 15 millones de euros . Con todo, el coste de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas oscilaría entre los 78 y los 81 millones de euros.
Además la Junta tenía preparados más cálculos ya que había hecho una estimación de los costes que se ahorraría a partir de ahora. Si el coste anual de los arrendamientos que tiene en Sevilla en las sedes de Viapol, Noga y Buhaira es de 5,1 millones de euros, calculaba que en diez años le supondría un ahorro de más de 51 millones de euros. A ello sumaba el coste anual de 750.000 euros en seguridad privada que pagan actualmente las sedes judiciales y que en diez años supondría un ahorro de 7,5 millones de euros ya que Justicia consideraba que, al unificarse en un solo recinto todas las sedes, con los efectivos del a Guardia Civil se protegería el campus. Y, además, la Junta consideraba que un único recinto también supondría un ahorro de gastos generales de 230.000 euros anuales que supondrían 2,3 millones en diez años.
Con todo consideraba que, el traslado supondría un ahorro de 64,2 millones de euros en diez años además de dar cumplimiento a una promesa que lleva años sobre la mesa .
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