Memoria Histórica
El Gobierno de Sánchez e Iglesias plantean suprimir una veintena de títulos nobiliarios de sevillanos
PSOE y Podemos quieren modificar la Ley de Memoria Histórica y eliminar los otorgamientos vinculados al franquismo realizadas desde 1948 hasta 1978
Una amenaza cierne sobre los títulos nobiliarios que ostentan en la actualidad más de una veintena de sevillanos o personas muy vinculadas a la ciudad. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene entre sus planes legislativos e ideológicos darle una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y suprimir todos los otorgamientos aristocráticos durante el régimen franquista .
Para ello ambas formaciones están promoviendo cambios normativos. El PSOE presentó en enero en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que amplía y reforma la Ley de 2007 para, entre otras medidas, suprimir títulos nobiliarios y condecoraciones otorgadas por el franquismo.
Los socialistas y sus socios de Gobierno el pasado 26 de mayo llevaron a la Cámara Baja una proposición no de ley para que el Ejecutivo adopte medidas para eliminar las condecoraciones policiales y los títulos nobiliarios vinculados al franquismo .
Un catálogo de los títulos afectados
En ambas propuestas se apunta la necesidad de la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, para su supresión, aunque curiosamente definen el periodo a revisar de 1948 hasta 1978 con el fin de incluir los títulos concedidos por el Rey Juan Carlos I del Señorío de Meirás y el Ducado de Franco, ambos vinculados a la familia del dictador.
Existe consolidada jurisprudencia que viene a demostrar que si una persona o línea mantiene durante un largo periodo de tiempo ininterrumpido (40 años) un título sin reclamación alguna por parte de otro posible aspirante al uso de ese título de forma legítima adquiere los derechos sobre ese título. Es lo que se conoce por usucapión, también llamada prescripción adquisitiva. Ya nadie podría despojarle de esa posesión, pues la consolida frenta a todos y deviene inatacable, estando pendiente de que se determine si tal inatacabilidad alcanza también a la Administración
Entonces, ¿puede el Gobierno atacar la propiedad de esos títulos? El abogado sevillano Diego Laffón, uno de los pocos expertos en derecho nobiliario en España, expone sus serias dudas de que la Administración central pueda eliminar esas concesiones nobiliarias.
Responsable del departamento de Derecho Procesal de Sanguino Abogados, Laffón explica a este periódico algunos elementos que le hacen albergar sus dudas sobre las pretensiones del Ejecutivo de PSOE y Podemo s.
Un aluvión de demandas
La actual Ley de Memoria Histórica no habilita para suprimir dichos títulos, por lo que habría que ir a un nuevo marco legislativo, aunque esto es algo en los planes del Gobierno, pues la propia vicepresidenta Carmen Calvo confirmó en el Congreso en febrero la intención de Sánchez de modificar la citada Ley.
Otra cuestión es la derogación de la Ley de 4 de mayo de 1948 sobre Grandezas y Títulos nobiliarios , aún vigente con algunas modificaciones, pero, según este letrado experto, la derogación de una ley no implica la anulación de todos los actos hechos bajo su cobertura.
Durante el franquismo se otorgaron en torno a un centenar de títulos nobiliarios , pero no todos vinculados a personas del aparato represor o con protagonismo en el levantamiento. Algunos ejemplos, el Condado de Maeztu o el Marquesado de Fernández-Miranda, concedidos en torno a 1974 y 1975. De este centenar de títulos, una veintena están en manos de sevillanos o personas vinculadas a la ciudad .
Según precisa Ernesto Sanguino, socio director del despacho, todos estos títulos creados hasta 1978 y ahora bajo sospecha para el Gobierno están en manos «de la segunda o tercera generación» familiar , habiendo existido por tanto un Real Decreto para su sucesión refrendado por el Rey.
« Todos han sido refrendados por gobiernos democráticos », apostilla Diego Laffón, quien precisa que la vieja aristocracia nada tiene que ver con la actual, donde se premia, más que linajes o sangre, a ciudadanos por sus méritos profesionales:el pintor Antonio López, el escrito Mario Vargas Llosa, el entrenador Vicente del Bosque o empresarios.
Con respecto a la supresión total de estos títulos, el abogado Octavio Gil apunta que habría que mirar la casuística de cada concesión en el periodo a revisar.
Diego Laffón adelanta que, de hacerse realidad las intenciones del Gobierno central, un aluvión de demandas contra esta decisión, porque una Ley tiene un origen político pero es un acto administrativo revisable por los tribunales de justicia.
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