El gobierno municipal asegura que la Iglesia es un «paraíso fiscal»

El apoyo de los partidos de la izquierda radical al PSOE conlleva también su factura para el gobierno de Juan Espadas. El último peaje «abonado» por los socialistas a cambio de la investidura del alcalde y del voto a favor en las ordenanzas fiscales es una moción contra el «paraíso fiscal» de la Iglesia católica , que ha sido denunciado por Participa Sevilla (Podemos) en una propuesta de urgencia que fue apoyada por el PSOE y que propugna el cobro del IBI a la institución religiosa , una cuestión que está regulada por un concordato estatal y en la que no tiene competencia el Ayuntamiento, por lo que no se podrá aplicar. Aun así, las posturas ya han quedado claras.

Participa sostiene en su moción que «la Iglesia católica se configura casi como un paraíso fiscal, estando exenta de impuesto de sociedades , de Patrimonio, de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, de Obras y de Donaciones y también en el IBI, una de las principales fuentes de ingresos del municipio de Sevilla». Por esta razón, la portavoz de este partido en el Ayuntamiento, Susana Serrano , propuso al Pleno un acuerdo en el que solicita que «el Ayuntamiento debe mostrarse contrario a la aplicación de los términos del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, respetando únicamente y de forma parcial el punto 1 de su artículo IV», en el que quedan exentas de pagar «las dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas; los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas; y los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada». Es decir, tendrán que pagar impuestos todos los inmubles de la Iglesia que no están abiertos al culto.

A esta solicitud se unió IU, cuyo portavoz, Daniel González Rojas , propuso «instar al gobierno central a la revisión de los acuerdos en materia fiscal y económica firmados entre el Estado Español y la Iglesia católica para poner fin a los privilegios fiscales concedidos a esta confesión religioso y otras asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas».