El gerente de la Fundación DeSevilla será juzgado por ocho delitos

Hasta ocho delitos considera el juez instructor que pudo cometer el gerente de la Fundación DeSevilla con el dinero que Antonio Rodrigo Torrijos le otorgó a este organismo para proyectos de cooperación al desarrollo en países sudamericanos, principalmente Cuba. El magistrado que ha instruido este fraude, Juan Gutiérrez Casilla, emitió el pasado jueves un auto decretando la apertura de juicio oral, siempre que la acusación así lo solicite, contra Miguel López Adán . Dicha acusación la ejerce el Ayuntamiento, que desde que gobierna el PSOE ha mantenido una actitud pasiva en esta investigación hasta el punto de que finalmente sólo será procesado el gerente y se ha archivado la causa contra el resto de imputados, entre ellos el propio Torrijos.

El juez atiende a la petición de la Fiscalía de sentar en el banquillo sólo a López Adán y le imputa un delito societario en dos vertientes —falsedad de las cuentas anuales y administración desleal—, otro de apropiación indebida , otro contra Hacienda Pública, uno más de malversación y, finalmente, seis tipos de fraude . Todo ello deriva de la subvención de 742.000 euros que la Delegación de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento otorgó en 2008 a la Fundación DeSevilla para proyectos como la compra de un incinerador para La Habana , la rehabilitación de un inmueble en la capital de Cuba o la compra de máquinas de serigrafiar para el Injuve de Nicaragua . Estos proyectos no se ejecutaron, aunque en un principio DeSevilla los había justificado con facturas, como es el caso del incinerador. Sin embargo, la Guardia Civil llegó a afirmar que se trataba de facturas falsas , ya que este crematorio ya había sido subvencionado por otra entidad con anterioridad. López Adán optó, tras varias prórrogas concedidas por el delegado, entonces Rodrigo Torrijos, por renunciar finalmente a la subvención el 28 de marzo de 2011, poco tiempo antes de perder el gobierno en favor del PP. Sin embargo, el Ayuntamiento no exigió «el correspondiente procedimiento de reintegro» , según especifica el auto. Por lo tanto, los proyectos no se hicieron y el dinero tampoco regresó a las arcas públicas.

En consecuencia, Miguel López Adán, miembro destacado de IU , será juzgado por la comisión de ocho delitos por aquellas polémicas ayudas de cooperación al desarrollo que nunca llegaron a su destino y que, según la propia Fiscalía, podrían haberse usado con «fines partidistas».