TRIBUNALES
El fraude en subvenciones que salpica a Green Power y a un centro de la Hispalense tiene ya 15 acusados
Tras un largo periodo de investigación policial, la causa, destapada hace ahora tres años por este periódico, toma impulso en un Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor
Un juzgado de Sanlúcar la Mayor ha dado un impulso a la investigación abierta por el presunto fraude millonario en subvenciones europeas y estatales que salpica a la empresa sevillana Green Power Technologies y a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) , un centro vinculado a la Universidad de Sevilla . En este asunto ya hay quince acusados por p resuntos delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En enero de 2018, este periódico publicaba que la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla estaba indagando un supuesto fraude en las subvenciones con dinero procedente de la Unión Europea a una empresa sevillana. Entonces no se conocía aún el alcance del dinero que podría haber sido defraudado. Ahora, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor señala que los 28 proyectos de I+D bajo sospecha alcanzan los 16,5 millones de euros , confinanciados por el presupuesto europeo para el periodo 2009-2015.
No obstante, fuentes del TSJA han indicado la investigación judicial, tras tomar declaración a los quince investigados, se centrará, entre otras cosas, en el estudio de la cuantía supuestamente defraudada , para lo que se llevarán a cabo las periciales oportunas.
El caso se inició en un juzgado de Instrucción de Sevilla en agosto de 2017 después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), clave en esta investigación, remitiera a la Fiscalía la investigación para determinar el correcto uso de esas subvenciones. Si bien, todo comenzó con una denuncia anónima que llegó al a Fiscalía de Sevilla.
Finalmente la causa judicial se llevó a un juzgado de Sanlúcar al comprobarse en el Registro Mercantil que el domicilio social de la empresa investigada está en Bollullos de la Mitación .
La empresa de ingeniería, fundada por dos catedráticos de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Carrasco y Eduardo Galván. Ambos investigados. Está formada por capital privado pero también participada por la Junta de Andalucía en un porcentaje importante a través de Invercaria, sociedad de la Junta de Andalucía para inversiones de capital riesgo que se encuentra en la causa personada como acusación, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado . Invercaria, de nuevo, se ve salpicada también por un presunto fraude de subvenciones.
La cúpula jerárquica de la empresa
El juez, que abrió las diligencias en 2019, tomó declaración los pasados días 18, 19, y 22 de marzo a los 15 investigados , dos de éstos son dos personas jurídicas, la empresa y AICIA, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, mientras que las personas físicas investigadas sí prestaron declaración.
Entre los trece investigados están nueve extrabajadores y cuatro exconsejeros de la empresa. El primero de este segundo grupo es José María Bueno Lidón , quien fuera presidente de la caja de ahorros El Monte era consejero de Green Power en 2007 y presidente de la junta directiva de AICIA.
También están investigados Juan Manuel Carrasco, que figuraba en 2007 como presidente de Green Power Tech, de la que fue socio fundador. También era socio numerario de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, donde tenía capacidad decisoria. Según recoge el juez en el auto de imputación, al que ha tenido acceso este periódico, es uno de los principales investigados y «presunto artífice y responsable directo de las actividades fraudulentas llevadas a cabo».
El tercer consejero de la empresa que aparece como investigdo es Eduardo Galván, entonces consejero delegado de Green Power , de la fue socio fundador junto a Carrasco. El juez pone el poder de decisión y maniobra en esta trama en Carrasco y Galván. El cuarto es Antonio Haya. También está investigado Javier L., director general de Green Power Tech . «Junto a Carrasco, Galván y Sergio H. (director de Tecnología), conformaban la dirección y la cúspide jerárquica de la empresa y eran quienes decidían los proyectos que solicitaban a la Unión Europea».
La investigación se centra en las ayudas europeas, autonómicas y estatales recibidas para un total de 28 proyectos por esta empresa entre 2007 y 2013, que, a su vez y para determinados proyectos, subcontrataba a AICIA para la ejecución de parte del proyecto o del proyecto entero.
¿Qué se investiga?
Según el juez, llas presuntas irregularidades se centran en la ejecución de proyectos de I+D cofinanciados por la Unión Europea. De los 28 proyectos, 23 estaban financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de dos Programas operativos distintos: el Programa Operativo Fondo Tecnológico (2007-2013) de ámbito nacional y el Programa Operativo FEDER Andalucía (2007-2013) para la región de Andalucía.
«El coste elegible de los 28 proyectos se eleva a 16,5 millones de euros . Las ayudas concedidas ascienden a cinco millones de euros (suma de la parte nacional y europea) y los préstamos a interés cero a cinco millones de euros», detalla el juez instructor.
Consta igualmente un número importante de proyectos de I+D subvencionados exclusivamente por el presupuesto nacional, concretamente, por Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad .
El juez detalla «algunas de las conductas típicas que, presuntamente, se han venido cometiendo con el fin de obtener las correspondientes subvenciones de los organismos públicos». Así, explica que se obtuvieron ayudas y subvenciones «incumpliendo o falseando las condiciones establecidas para su concesión, generando un impacto financiero» a las arcas públicas españolas y europeas.
Además, presentaban de solicitudes de ayuda con presupuestos superiores a los presupuestos internos . Así, constan indicios de que la sobrevaloración de los gastos superan el coste incurrido por la empresa con respecto a las subvenciones solicitadas, lo que implica el incumplimiento de la obligación de cofinanciar el proyecto e incluso es posible que se haya obtenido remanente para poder dedicar a otras actividades.
AICIA, la subcontrata
Reclamaban gastos superiores a los incurridos realmente. De otro lado, realizaron subcontrataciones sin informar de la vinculación. Así, en los casos en que las autoridades concedentes autorizaron una subcontratación, no se informó a las mismas de que la subcontratación se realizaba con una entidad vinculada a la empresa sevillana, concretamente la Asociación AICIA , quien no sólo podría haber obtenido remanente importantes sino que, en algunos de los proyectos, se encargó de la ejecución real de los mismos pese a que la benficiaria de la ayuda era Green Power .
En otros proyectos, la empresa no declaró que fuera a subcontratar ninguna de las partes del proyecto; sin embargo, la OLAF ha podido constatar que Green Power subcontrató la implementación total o parcial de dichos proyectos con AICIA . Se trata de subcontrataciones no declaradas ni autorizadas que suponen un incumplimiento de las reglas de subcontratación. Además, este hecho implicaría que la empresa de ingeniería no tendría la capacidad de ejecutar por sí sola los proyectos que presentaba a cofinanciación como propios.
Cuando el caso saltó hace tres años con la información publicada por ABC dfe Sevilla, fuentes de Green Power Tech admitieron que la empresa estaba siendo investigada por la OLAF pero n egaron cualquier irregularidad.
Noticias relacionadas
