RECORTES DE LA JUNTA A MENORES DISCAPACITADOS

Una familia sevillana, sin casa para poder pagar el tratamiento de su hijo

Consideraron que la terapia era insuficiente, pidieron el traslado de Utrera a Sevilla y se lo denegaron. Al asumir su coste, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca

Un niño en una guardería ABC

M. D. ALVARADO

El PP denunció ayer los recortes de hasta un 43% de media en las ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que atienden a niños discapacitados con edades en edad temprana. La Junta los niega aludiendo que el problema se debe a un cambio en el modelo de abono, pero en la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía saben muy bien que lo que se vende en materia social es una cosa y la realidad es otra.

El problema es que muchas veces la terapia que ofrece la Junta es totalmente insuficiente

El portavoz de esta entidad, Antonio Guerrero, asegura que, teóricamente, a los padres de un niño con alguna discapacidad el tratamiento de su hijo no debía costarles nada , pero que, ante el escaso número de sesiones que reciben, muchos de ellos asumen el coste de más horas de refuerzo . De media una sesión puede costarles unos 25 euros y son muchos los que no pueden afrontar ese esfuerzo o lo hacen con grandes sacrificios.

Es el caso, apuntan, de una madre con un niño de espectro autista de tres años que consideró que la Junta, explica Guerrero, no le daba la terapia suficiente; pidió el traslado del centro de atención infantil temprana de Utrera a Sevilla, pero se lo negaron. La mujer se vio en la tesitura de tener que dejar de pagar la hipoteca o el coste del tratamiento de su hijo, 600 euros al mes . La elección la tuvo clara: hoy viven en una vivienda de alquiler social.

El problema es que muchas veces la terapia que ofrece la Junta es totalmente insuficiente, porque, señalan desde la Plataforma, un niño autista necesita entre cuatro y cinco sesiones a la semana pero se le está dando una y eso «no le sirve para nada»; en otras ocasiones no se remite a los pequeños a los centros adecuados. Este último es el caso de un niño con síndrome de Asperger al que la Junta envió a una asociación de sordos; sólo el empeño de los padres ha hecho que lo atiendan en San Juan de Dios, donde al menos hay especialistas.

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