Fallece el anciano del matrimonio que iba a ser desahuciado en Sevilla

El trágico suceso cambia la situación sobre negociaciones para solucionar el problema de vivienda de su viuda

ABC

El anciano de 94 años del matrimonio sobre el que pesaba la amenaza de desahucio de su vivienda de Sevilla, Rafael Domínguez, falleció el pasado viernes por problemas cardíacos, un hecho que cambia la situación sobre negociaciones para solucionar el problema de vivienda de su viuda.

Según ha informado el abogado que representa al matrimonio, Héctor Cueli, el fallecimiento del anciano ha cambiado la situación en las negociaciones para solventar la situación de Elvira Fiances, mujer del fallecido, por lo que la familia del matrimonio se volverá a reunir con la agencia de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla.

Cueli ha adelantado que las propuestas que se habían ofrecido desde el consistorio sevillano al matrimonio «siguen en pie, aunque habrá que ver si la nueva situación familiar cambia las condiciones de éstas».

Las soluciones que el Ayuntamiento hispalense había ofrecido a la pareja de ancianos pasaban por el ofrecimiento de una vivienda protegida para la que cumplían los requisitos si incluían a su hija en el cómputo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o por «un alquiler normal y que la administración pague un porcentaje».

Una tercera opción fue la de reubicarlos en una residencia de ancianos pero esta posibilidad fue rechazada por el matrimonio porque «a la hija también la iban a desahuciar, junto con los dos hijos de ésta, y todos vivían de la pensión del fallecido», por lo que tampoco habrían podido hacer frente a los gastos de la residencia.

El matrimonio compuesto por Rafael y Elvira iba a ser desahuciado de la vivienda en la que vivían de alquiler desde 2010 a finales del pasado julio, pero obtuvieron una prórroga de un mes por parte del arrendatario hasta que el Ayuntamiento y su abogado negociasen una salida satisfactoria para su situación.

El fallecido, Rafael Domínguez, fue un constructor que se arruinó con la «crisis del ladrillo», con la que perdió 3,8 millones de euros, su vivienda, una segunda residencia y la casa de su hija, además de dos garajes.

La situación de la pareja había empeorado tanto en los últimos años que, según manifestaba su abogado, sobrevivían gracias a Cáritas y no tenían recursos para pagar el alquiler.

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