La red que explotaba a empleadas del hogar en Sevilla seguía en activo tras las primeras detenciones

La Policía Nacional ha concluido una investigación que sacó a la luz el año pasado una red que explotaba a mujeres nicaragüenses que eran introducidas en el país para trabajar como empleadas domésticas . Las pesquisas del Grupo III de la Ucrif destapó un tipo de trata con fines de explotación laboral hasta ahora desconocido en Sevilla, donde los casos que se descubren habitualmente están relacionados con el campo y las actividades agrícolas. Además, los agentes se encontraron con una red liderada por dos mujeres, una de ellas nicaragüense. Es la principal sospechosa y sigue en prisión. Ha sido interrogada en esta segunda fase de la operación.

Los agentes han detenido a otras cinco personas más -tres mujeres y dos hombres- elevando la cifra total de implicados en esta trama de tráfico de seres humanos a once. La mayoría se encuentra en estos momentos en libertad con cargos. Según detalla la Policía Nacional en un comunicado remitido este viernes, tras liberar a siete mujeres en la primera fase, apareció una octava víctima gracias a la cual se reactivó el caso, evidenciando que a pesar de las primeras detenciones efectuadas en diciembre del año pasado, la red seguía funcionando .

Esta trama captaba a las víctimas en Nicaragüa , el segundo país más pobre de América. Les prometían un trabajo y un futuro en Europa como empleadas internas en hogares de familias españolas. Pero para sufragar los gastos de transporte y supuestas gestiones, las red obligaba a las víctimas a firmar un contrato en el que ellas entregaban como aval su casa o la vivienda de algún familiar. Los explotadores obtenían así el vehículo para mantenerlas controladas en un futguro. Si no aceptaban las condiciones y se rebelaban, las amenazaban con quitarles la casa.

Las mujeres viajaban en avión hasta París y desde allí a Bilbao en carretera. La organización les entregaba 1.000 euros en metálico para garantizar que entraban en territorio español con visado de turista. Nada más cruzar la frontera, le retiraban el dinero.

Mientras conseguían un puesto de trabajo como empleadas, las víctimas permanecían en pisos precarios de las Tres Mil Viviendas. Pagaban 150 euros mensuales de alquiler por compartir una habitación con hasta quince mujeres mediante el sistema de cama caliente. La organización les cobraba por cualquier servicio que les prestaba como el traslado, la gestión de anuncios de búsqueda de empleo o conseguirle un puesto en una casa. Y aunque pasaran a ser internas en un hogar, debían seguir pagando a la red el alquiler de una habitación que no usaban. La Policía subraya cómo la red ejercía un control absoluto sobre las víctimas.