El exdiputado socialista Pradas echó la culpa de las ayudas investigadas al presidente de la Diputación de Sevilla

La feria agroganadera se organizó durante una década «sin amparo normativo alguno» y se financió con ayudas «arbitrarias e ilícitas» de la institución provincial, según el juez que investiga las irregularidades, José Ignacio Vilaplana . Aunque ambos han sido llamados a declarar, su nivel de responsabilidad es distinto. Al menos, así se lo trasladó Antonio Pradas a la Guardia Civil el 18 de enero de 2018, cuando declaró ante los agentes que seguían la pista del dinero público supuestamente defraudado.

Pradas, que es secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca en la ejecutiva regional del PSOE andaluz, descargó toda la responsabilidad sobre su antiguo jefe. Los investigadores le preguntaron a Pradas si había recibido una instrucción o directriz directa de Rodríguez Villalobos para tramitar las ayudas como «excepcionales». Para el instructor, esta fórmula no tendría encaje legal ni justificación porque la feria se celebraba todos los años y podía haberse realizado una convocatoria pública, al contrario de lo que cree la Diputación.

El que fuera diputado nacional del PSOE manifestó que «en este caso actúa por delegación del presidente , entendiendo que se dan las circunstancias de excepcionalidad y se solicita el informe de los técnicos, el secretario general e Intervención», según recoge el acta de su declaración que obra en el sumario del caso, a la que ha accedido ABC.

A medida que avanza la declaración, entonces, en calidad de testigo, Pradas insiste en señalar a Villalobos. La Guardia Civil le pregunta quién firmó las resoluciones concediendo las subvenciones entre 2007 y 2011 , por importe de 6.000 euros las tres primeras y de 4.000 euros, la última. El hoy consejero de la RTVA por el PSOE contesta que la rúbrica es del presidente de la institución «con el visto bueno del secretario general y previa Intervención».

«¿No es más verdad que se conceden las subvenciones excepcionales al Ayuntamiento de Gines porque el Sr. presidente de la Diputación así lo dispone?», le vuelve a preguntar el agente a cargo de la investigación. La respuesta del exdiputado socialista no cambia: «Sí, previos los informes correspondientes». También se interesan sobre si es habitual dar subvenciones de este tipo «sin estar fundamentada esa excepcionalidad» . Pradas lo niega y puntualiza que las ayudas concedidas a Gines «estaban fundamentadas» según los técnicos.

El Reglamento de la Ley General de Subvenciones estipula que sólo podrán repartirse ayudas cuando se acredite mediante una memoria el interés público, social, económico, humanitario , u otros motivos que impiden hacer una convocatoria pública. Pero dicha documentación no existe, según los agentes. Pradas alegó que no competía a «su área» dicha memoria.

El informe policial destaca que Pradas « deja patente que se conceden las subvenciones porque así lo dispone el señor presidente , previos informes de la Secretaría e Intervención, no siendo esto así». Reseña también que Pradas «contradice» al jefe de Relaciones con los Territorios, Manuel Silva Joya, exalcalde socialista de La Roda, cuando manifestó que «no hubo relación directa con el Ayuntamiento de Gines y que él actúa por delegación del presidente».