El Estado se ahorra una de las cinco comisarías que pactó con Sevilla tras la compra de la Gavidia

La capital andaluza vuelve a ser castigada por las administraciones públicas. En este caso, el Gobierno central, en cuyos planes está ya abiertamente ahorrarse una de las cinco comisarías de Policía Nacional pactadas con Sevilla. Ese compromiso se adquirió por parte del Ejecutivo nacional en 2005 merced al convenio rubricado con el Ayuntamiento para la compra de la vieja jefatura de la Gavidia , que el Estado había cerrado y llevaba ya entonces varios años abandonada pese a su privilegiada situación en el Casco Histórico. La ciudad firmó un acuerdo leonino que fue considerado como un gran favor por parte del entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, al presidente y líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que se adquiría el viejo edificio a un precio de 12,2 millones de euros tras fracasar los intentos de cesión entre administraciones. De ese dinero, el Ayuntamiento pagaba en efectivo 9,9 millones, mientras que el resto del dinero se incluyó en un punto del convenio que recogía que tal cantidad sería abonada mediante solares en los que el Gobierno central construiría cinco comisarías que demandaba la ciudad. Y se señalaron todas ellas: Sevilla Este, Macarena, Nervión, Polígono Sur y Bermejales .

Aquel convenio entre Monteseirín y Zapatero para la compra del ruinoso edificio de la Gavidia (que sigue a la espera de reforma y uso 14 años después) incluía un par de detalles muy perjudiciales para Sevilla que el Ayuntamiento asumió sin más. El primero, que no se imponían plazos para la ejecución de las cinco infraestructuras por parte del Estado, lo que ha permitido después que las inversiones y las obras se dilaten y se sigan dilatando sin pudor alguno. El segundo, la exclusión en la valoración de una de las parcelas , la de Sevilla Este, que paradójicamente era la de mayor tamaño; de haberse incorporado la misma al documento, la ciudad se habría ahorrado 1,5 millones de euros. Pero no se presionó en ese sentido desde los despachos municipales y se aceptó sin más el acuerdo.

El perjuicio no quedó ahí. Más allá de la ruina que ha supuesto el edificio de la Gavidia y los años de tramitación que arastra para modificar su uso y que algún inversor pueda así estar interesado en hacerse con la antigua jefatura, no sólo se ha tardado años en ejecutar las infraestructuras, sino que hasta el momento únicamente se han levantado dos de esas comisarías: en junio de 2010, la de Sevilla Este y en diciembre de ese mismo año, la de la Macarena , en la avenida de la Barzola. Desde ese momento, toda la información oficial se centró en la búsqueda del terreno idóneo para la de Nervión (con la que el año pasado se acordó al fin el uso de una parcela en el suelo que dejaron las factorías de Cruzcampo y Abengoa) y la del Polígono Sur, sobre la que la guerra entre administraciones y partidos ha durado varios años a cuenta precisamente de su ubicación.

Pero el creciente debate sobre si esta instalación policial se debía construir dentro o fuera del propio Polígono Sur ha solapado y hasta ocultado una cuestión importante, ya que la comisaría «del Polígono Sur», incluida así hasta en el Plan Integral auspiciado por todas las administraciones, ha ido tornando su denominación por comisaría «del distrito Sur» sin que nadie se inmute. Para justificar en parte que la infraestructura se levantase fuera de la deprimida barriada, el anterior Gobierno central, del PP, ya hablaba de que la comisaría « no sólo daría cobertura al Polígono Sur sino a otros barrios , como el Porvenir, Bami, Bellavista o los Bermejales», de ahí que «por cuestiones técnicas y logísticas» fuera el solar escogido (junto al apeadero del hospital Virgen del Rocío) el más recomendable. Pero la repetición de este argumento por parte del Ejecutivo nacional desde entonces ha provocado que, de facto, los Bermejales se incluya en las zonas cubiertas por la cuarta de las comisarías cuando en dicho barrio estaba prevista la quinta de las instalaciones policiales incluidas en el convenio. A la que, de puertas para adentro, el Estado ha renunciado hace tiempo. Ahorro parta la caja y timo a la ciudad.