Tribunales
España, condenada a pagar a un okupa sevillano que acusó a dos agentes de Policía de «torturas»
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da la razón a un activista de El Pumarejo que acudió a Estrasburgo tras ser condenado por difamar a los funcionarios policiales en 2013. La sentencia considera que se vulneró su libertad de expresión
Agustín Torazo formaba parte del grupo que ocupó hace más de una década un inmueble del Pumarejo que pasó a denominarse Centro Social Casas Viejas. En 2007 se ejecutó el desalojo por la Policía Nacional . Torazo se había atado a unos tubos anclados y dos agentes tuvieron que sacarlo a la fuerza. En una posterior rueda de prensa, este okupa los acusó de haberle torturado. Esa afirmación derivó en un procedimiento judicial por difamación que acabó en condena en 2011. Once años después de aquella afirmación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España a indemnizar a Torazo porque considera que se vulneró su libertad de expresión.
En una resolución que ha publicado en su web el TEDH este martes, el tribunal concluye por unanimidad que el juzgado español entendió de manera «demasiado estricta» la afirmación de Torazo sobre lo que había sido la actuación de los policías. Considera que el recurrente habló de torturas de manera coloquial y que se le impuso una pena muy severa, que colisiona de lleno sobre su libertad de expresión, violando así el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El juzgado de lo Penal español lo había sentenciado a una pena de multa de 10 euros diarios durante 20 meses y a indemnizar a los dos policías con 1.200 euros. La Audiencia Provincial sevillana redujo la citada multa a doce meses finalmente (3.600 euros). Estrasburgo ahora le impone a España que pague al okupa 1.200 euros por daños materiales y 4.000 por morales; además de sentenciarle al abono de las costas que se cifran en 3.025 euros. Esa cantidad está lejos de los 24.225 euros que el activista había solicitado.
El procedimiento judicial en España se inició a instancia de la Fiscalía y después de que la Delegación del Gobierno presentara una queja porque en la rueda de prensa no sólo se acusó de torturas a dos funcionarios policiales sino que también se les identificó en la rueda de prensa a través de las fotografías que publicaron los medios que cubrieron el desalojo.
El tribunal que ha dictado sentencia estaba presidido por el juez de Malta, Vincent A. De Gaetano. También ha formado parte del órgano de deliberación la magistrada María Elósegui, que se convirtió en enero en la primera mujer juez a título de España en el Tribunal de Estrasburgo.
