Sevilla
Espadas tendrá que pagar, una década después, otra factura de 15 millones de Monteseirín
La deuda dejada por el exalcalde a la ciudad asciende ya a casi 230 millones de euros
Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Sevilla a abonar 15 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por un convenio firmado con la Gerencia de Urbanismo en 2003 y que se quedó impagado por la falta de capacidad financiera. Se trata de una nueva factura dejada por el exalcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín , que suscribió un acuerdo con la CHG para la realización de obras comprendidas dentro del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y de Protección de Cauces en Sevilla, cuyo presupuesto inicial ascendía a 131,5 millones de euros.
De ese importe, el 75% se financiaba con los Fondos Feder de la Unión Europea y el otro 25% lo debía aportar la Gerencia de Urbanismo con fondos propios. De aquel convenio se acometieron numerosas actuaciones pero, en 2010, las arcas municipales no podían ya atender su parte económica por incapacidad financiera en los años de la crisis. La Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir comenzó a reclamar los impagos, primero, por la vía administrativa y, posteriormente, por la judicial. La deuda acumulada había ascendido a 13.473.688,35 euros en concepto principal, reconocida en virtud de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Según la resolución del Servicio de Contratación y Gestión Financiera de la Gerencia de Urbanismo, al que ha tenido acceso ABC, el abono de esta cantidad no es asumible ya que supondría «un grave trastorno para la Hacienda» de este organismo, por lo que en abril del año pasado se propuso que esos casi 13,5 millones se fraccionaran en anualidades medias de un millón, que habría que ir abonando hasta 2032.
Además, la Confederación Hidrográfica presentó una serie de alegaciones a esta propuesta de pago reclamando unos intereses acumulados por el impago que ascienden a 1.512.145,72 euros , por lo que la deuda general de la administración local se eleva a los 15 millones de euros. De ese millón y medio de euros de intereses, el Consistorio propuso abonar la cantidad en dos anualidades (2019 y 2020), dada la disponibilidad de crédito no comprometido existente.
Ayer, la Gerencia de Urbanismo aprobó el calendario de pagos después de obtener el informe favorable de Intervención del Ayuntamiento. Ahora, el pago de esos 15 millones hasta 2032 deberá pasar por la Junta de Gobierno para que dé autorización al gasto plurianual.
Una roncha que no cesa
Esta nueva factura dejada por Monteseirín es sólo un ejemplo más de un enorme agujero económico que tienen que soportar las arcas municipales hasta dentro de más de una década y que asciende a 228,6 millones de euros . Además de los 13,4 millones y los intereses por valor de 1,5 que habrá que devolver a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir , la lista se eleva a más de una decena de pufos. Uno de ellos es, precisamente, otro convenio incumplido con la CHG por valor de 5,4 millones.
Por su parte, en los cajones sin pagar del Ayuntamiento aparecieron facturas por valor de 52 millones de euros que debió afrontar el Gobierno del popular Juan Ignacio Zoido en 2012. Le sigue la de la ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), cuyas obras se elevaron otros 13 millones.
En esta ristra de deudas pendientes, una de las recurrentes por las que los tribunales llevan condenado al Ayuntamiento en los últimos años es la de las Setas de la Encarnación . El sobrecoste del Metropol Parasol, uno de los grandes proyectos de Sánchez Monteseirín, ha sido de 36 millones. Otra factura es la derivada por los derechos de superficie de Mercasevilla , de 8,5 millones. Luego estaba la «autodeuda» de Emasesa. El Ayuntamiento llevaba sin pagar el agua desde el año 2003 . El recibo pendiente que tuvo que liquidar el socialista Juan Espadas en 2017 fue de 16,5 millones.
Siguiendo con el lastre económico del gobierno de Monteseirín, hay que sumarle los cuatro millones para pagar indemnizaciones al Teatro de la Maestranza por los impagos de la cuota correspondiente al Consistorio. Otros 3,3 millones quedaron pendientes por la expropiación del Instituto de Toxicología. Pero, sin duda, el mayor agujero lo causó el convenio urbanístico de Santa Bárbara , por el que el Ayuntamiento soporta aún una deuda de 75 millones.
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