Espadas recurre la anulación de las cuentas contratando a abogados externos

El gobierno socialista ha decidido solicitar los servicios de un bufete de abogados externo al Ayuntamiento para impugnar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló los presupuestos de 2016 como consecuencia del veto que la presidenta del Pleno, Carmen Castreño , impuso a las enmiendas los grupos de la oposición. Juan Espadas prefiere apartar a los servicios jurídicos municipales y su coordinador general del área de Economía, José Antonio del Rey , dictó una resolución el pasado día 10 para aprobar el gasto que supone la contratación de un abogado externo.

Concretamente, el Ayuntamiento ha adjudicado estos servicios al prestigioso bufete a través de un contrato menor. El objeto de este acuerdo es la «elaboración de un dictamen sobre la procedencia de impugnación de una sentencia del TSJA relativa a la anulación de los presupuestos del Ayuntamiento motivada por la inadmisión de enmiendas formuladas por determinados grupos políticos».

El alcalde ha declarado en varias ocasiones que estaba estudiando si recurrir dicha sentencia, aunque también tenía abiertas vías de negociación con los partidos de la oposición , sobre todo con Participa Sevilla, que fue quien llevó el caso a los tribunales. Espadas aclaró que los servicios jurídicos municipales estaban analizando la mejor opción, pero finalmente ha optado por contratar a un bufete externo que se encargará de recurrir el fallo, puesto que si la sentencia se convierte en firme los presupuestos del año pasado no habrán tenido validez . Esto provocaría un desorden económico en el Ayuntamiento, ya que cualquiera que quiera impugnar un gasto podría hacerlo.

Según la sentencia del TSJA, Carmen Castreño vulneró los derechos constitucionales de los partidos de la oposición al negarles la posibilidad de que se votaran sus enmiendas al presupuesto en el pleno, por lo que estas cuentas son actualmente nulas. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de Sevilla acusó al gobierno de «vulnerar el artículo 23 de la Constitución española» al vetar a grupos políticos . Las propuestas de Participa Sevilla , que fue la formación denunciante, «no fueron sometidas a debate ni a votación, decidiéndose su no admisión a trámite». El Pleno acordó después apercibir a Carmen Castreño y destituirla como presidenta del Pleno . Sin embargo, Juan Espadas no cumplió este acuerdo mayoritario y no ha cambiado la presidencia. Ahora, además, impugnará la sentencia obviando al departamento jurídico municipal.