Espadas pide pisos a los bancos para que Emvisesa ofrezca más alquileres sociales

El gobierno local de Sevilla anunció ayer que ha cumplido tanto con el mandato del pleno extraordinario de hace varias semanas sobre vivienda como con las promesa a los dos socios de investidura del alcalde, Participa e IU: no quedarán viviendas municipales vacías al terminar el año . Lo adelantó el propio alcalde, el socialista Juan Espadas , quien convocó a los medios para exponer las líneas maestras de un plan para el acceso a una vivienda digna y detalló que ya se ha adjudicado la práctica totalidad de viviendas de la empresa municipal, Emvisesa (alrededor del 95%). En ese sentido, y tras la entrega de llaves de otras 47 casas ayer mismo, quedan 44 por adjudicar, para las que ya hay familias a la espera de que se culmine el procedimiento de entrega en unos días, de modo que el Ayuntamiento estará «a cero» en ese apartado. Estas familias proceden de un grupo de 389 que, después de realizarse un baremo, han engrosado un grupo considerado de «especial necesidad». Esto quiere decir que una vez se adjudiquen esas 44 restantes, aún quedarán más de tres centenares de familias en situación delicada a la espera de pisos. Por ello, el gabinete municipal ha empezado a trabajar con entidades financieras en busca de la posibilidad de que éstas cedan para alquiler con criterios públicos algunas de las viviendas de su stock para que cubran esa demanda restante bajo «condiciones admisibles».

Ante esta situación de colmatación, Espadas hizo ver que se hace de nuevo necesario poner en marcha un nuevo plan de vivienda en la ciudad para 2016 . «Me preocupa no tener disponibilidad de vivienda para casos urgentes y necesitamos viviendas ya », recalcó en rueda de prensa, junto al gerente de Emvisesa, Felipe Castro. «Vuelve a haber demanda. Ya no estamos como con el gobierno municipal anterior, con el que había 400 pisos vacíos ante los que nada se hacía. Ahora volvemos a necesitar vivienda protegida, por lo que habrá que poner en marcha a partir del año que viene un nuevo plan de vivienda en el marco del plan autonómico». Entre tanto, para cubrir las necesidades más urgentes, dejó claro que se mantendrá en cualquier caso una reducida bolsa de viviendas para hacer frente a la emergencia social , pero que para cubrir lo más inminente «se buscarán fórmulas con entidades financieras para que nos cedan las viviendas vacías que tienen». «Hemos estado atendiendo la excepcionalidad durante los primeros seis meses de mandato y ahora toca administrar los recursos que hay», agregó, incidiendo en que se ha cumplido con los compromisos urgentes adquiridos en la materia para que «deje de haber vivienda vacía y gente sin vivienda».

Además, el alcalde anunció que en los próximos días se cerrará un acuerdo con los juzgados para definir un protocolo contra los desahucios que permita al Ayuntamiento tener información previa a los lanzamientos que le permita «actuar ante una emergencia habitacional con el suficiente margen de tiempo». Por otra parte, se mantendrán paralizados todos los desahucios de familias de viviendas públicas debido a su situación económica, algo que se reforzará en ese plan por el derecho a una vivienda digna que ayer mismo se trasladó a los grupos en el consejo de administración de Emvisesa. Dicho plan, que pasará por el pleno, incluye un decálogo de propuestas para mejorar el acceso a la vivienda municipal.

La propuesta de Espadas incluye la creación de una Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna , cuya sede estará en el antiguo registro de demandantes de San Jerónimo y donde trabajarán 20 personas. Esta oficina tendrá un presupuesto de cuatro millones, de los que unos 2,8 millones irán para ayudas y 1,2 millones para personal, e incorporará como eje central el protocolo de actuación ante los desahucios.

Entre las ayudas se cuentan 1,1 millones que se presupuestarán en su primer año para el plan de adecuación de las rentas de Emvisesa de modo que nadie abone más del 30% de sus ingresos, además de los 1,5 millones del programa de rentas sociales para las familias que se encuentren en situación de emergencia social y accedan a una vivienda municipal para que no tengan que abonar más del 5% de sus ingresos.

El resto de ayudas, que contarán con un presupuesto de 450.000 euros el primer año , se dedicarán a un plan de adecuación de las deudas con las comunidades de propietarios, dirigido a familias que no pueden afrontar el pago de estas cuotas, lo que deriva en problemas de convivencia y en el mal estado de los edificios. Además, Emvisesa analizará cada caso y si se desprende que la familia no puede afrontar los pagos se alcanzará con ellos un acuerdo en el marco de la nueva renta social.