Emvisesa decide bonificar el 95% del IBI a 2.600 inquilinos de VPO

El socialista Juan Espadas y su equipo dan un nuevo paso hacia el cumplimiento de sus compromisos. Los electorales y los adquiridos con los dos grupos que votaron a favor de su investidura, Participa e IU, quienes exigieron a cambio de levantar la mano, entre otras cosas, un buen puñado de medidas sobre el acceso a la vivienda y la garantía de suministros básicos para quienes no puedan pagarlos. En este sentido, ya se ha cerrado el acuerdo de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, y la Agencia Tributaria -dependiente de la Delegación de Hacienda y Administración Pública- para que sea presentado al Pleno ordinario del Ayuntamiento sevillano, el martes, el expediente que permitirá aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todos los inquilinos de vivienda de protección oficial (VPO) municipales en régimen de alquiler o en alquiler con opción a compra.

Según informó ayer el Consistorio, esta medida afectará a más de 2.600 hogares que tendrán una reducción media de 220 euros al año y tendrá una repercusión económica en el Ayuntamiento de casi 600.000 euros . Para llevar a cabo esta medida, «sin precedentes» en la ciudad de Sevilla, según se destacaba ayer desde el Gobierno local, Emvisesa y la Agencia Tributaria han realizado un proceso de revisión de todos los expedientes de cada una de las viviendas y han alcanzado los acuerdos necesarios para resolver problemas como «el embargo que pesaba sobre la sede de Emvisesa desde el pasado mandato».

Ahora, la Corporación municipal deberá votar en el Pleno del martes si las viviendas protegidas de Emvisesa son declaradas como actividad «de especial interés o utilidad pública» y reconocer en consecuencia el derecho a una bonificación del 95% en el IBI, el máximo legal permitido si se goza de esa calificación.

Esta medida quedó recogida en el Pleno extraordinario de vivienda celebrado en noviembre y se incorporó a continuación en el proyecto de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2016 en el marco de la ordenanza de medidas de solidaridad social, impulso de la actividad económica y fomento del empleo. Aunque los efectos de la aplicación de esta medida serán inmediatos a partir de su aprobación en su caso en el próximo Pleno ordinario, tendrá repercusión en los recibos de los inquilinos de Emvisesa a partir del próximo ejercicio, según se aclaró desde el Ayuntamiento.

En aquella sesión plenaria específica sobre vivienda del mes de noviembre, que fue solicitada por IU, se aprobaron otras medidas, entre las que destacaron la puesta en marcha de la famosa oficina antidesahucios, largamente solicitada por los partidos de izquierda; el desarrollo de un plan municipal para los próximos cuatro años, muy volcado en los jóvenes; o la reactivación del consejo municipal de vivienda para controlar la aplicación de las medidas y la participación ciudadana.