Empresarios y Cámara de Comercio hacen piña para salvar La Raza y el bar Citroen

Las dos instituciones instaron ayer al Ayuntamiento a buscar una solución y a que frene los expedientes que perjudican a estos históricos negocios

La Confederación de Empresarios arropó ayer a los dueños de La Raza en el restaurante ABC

Los informes jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla que perjudican a los empresarios que denunciaron el caso Mercasevilla se multiplican. Pero la sociedad sevillana se ha volcado con el Grupo La Raza y con el bar Citroen y, además de la campaña en las redes sociales que se ha impulsado bajo el lema «Salvemos La Raza», ayer también tuvieron un gesto contundente las dos grandes instituciones empresariales de la ciudad. La acumulación de decisiones contrarias a estos empresarios por parte del Ayuntamiento en los últimos tiempos —desalojo por cambio de modelo en la concesión, endoso de la factura de las podas del recinto por valor de 15.000 euros y un expediente sobre la planta alta de la Hospedería del Prado que finalmente se ha paralizado— han puesto de acuerdo a la Confederación de Empresarios y a la Cámara de Comerico para apoyar la continuidad de este negocio, que genera cien puestos de trabajo directos y 400 eventuales al año.

Todos estos informes polémicos parten del departamento en el que era jefe de Inventario un antiguo asesor de Antonio Rivas, uno de los principales afectados por la investigación judicial del caso Mercasevilla, aunque el Supremo lo absolvió , y de los ERE. El propio Pedro Sánchez Cuerda aseguró en una rueda de prensa que esta coincidencia «avala las sensaciones que teníamos y que no podíamos probar» sobre un posible ajuste de cuentas por haber grabado la conversación con Fernando Mellet y Daniel Ponce en la que pillaron a estos directivos del Merca pidiéndoles una mordida de 300.000 euros a cambio de una subvención para una escuela de hostelería en la lonja que otorgaba precisamente Antonio Rivas.

Los informes, no obstante, se atienen al marco normativo vigente , por lo que tanto el secretario municipal como los representantes políticos han tenido que darle curso. De hecho, el alcalde, Juan Espadas , ha defendido estos pronunciamientos jurídicos a pesar de que cuando estaba en la oposición criticó que se ejecutaran. Concretamente, en una visita a los comerciantes de la Barzola a comienzos de 2015 denunció que «Zoido está aplicando rigurosamente la normativa que entró en vigor el 1 de enero respecto a los locales de renta antigua , pero lo está haciendo igual que si fuera un propietario privado que tiene más interés en que se vayan los que están que en que se queden y permanezcan los negocios que tienen actividad y están manteniendo empleo en los barrios». El alcalde argumentó entonces que «tenemos más de cuarenta locales en esta situación en Sevilla y resulta que no han tenido por parte del señor Zoido ninguna comunicación en estos meses atrás para sentarse a negociar unas nuevas condiciones con ellos» y aseguró que «nadie quiere aprovecharse de ninguna situación de titularidad pública, todo el mundo sabe que hay que actualizar esos alquileres, pero estoy harto de que el señor Zoido todo lo que es propiedad municipal lo convierta en caja, en recaudación, olvidando que detrás de esto hay personas y lo principal es el empleo». Como alcalde, la postura de Espadas ha cambiado. Ahora sostiene que hay que ejecutar lo que dicen los informes jurídicos y que la situación de La Raza «es improrrogable». Además, se encargó de deslizar que la cuota que paga actualmente es de 197 euros , aunque los empresarios aseguran que abonan todos los meses por distintos conceptos 1.534 euros.

Ante esta polémica, la Confederación de Empresarios de Sevilla anunció ayer que va a apoyar en pleno todas las acciones que lleven a cabo los responsables del Grupo La Raza para mantener activa la actividad y conseguir que el Ayuntamiento tome en consideración el recurso de reposición interpuesto y que reconozca que se trata de una concesión administrativa con vigencia hasta que, al menos, finalice el plazo de los 50 años desde que se inició, es decir, hasta 2022. Igualmente, el pleno de la Cámara de Comercio acordó instar al Ayuntamiento a que no cese la actividad empresarial en La Raza, el Bar Citroen y el bar Paradas y a que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo.

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