Los empresarios de Sevilla, contra el «acoso fiscal» del gobierno de Espadas

Los empresarios en general y los comerciantes en particular mostraron este viernes con vehemencia su rechazo al proyecto de ordenanzas fiscales elaborado por el gobierno municipal de Sevilla a causa de la subida del IBI (impuesto de bienes inmuebles) para esos sectores y también del IAE (impuesto de actividades económicas). El ejecutivo local socialista sostiene que deben «pagar más quienes más tienen» para que se pueda congelar la presión fiscal a «las familias» (entendiendo que quienes tienen un negocio no son ni tienen «familia»), de ahí la subida de los tipos impositivos, realizada de manera indirecta mediante el que se ha denominado por la oposición como «catastrazo» , el aumento del 10% en los valores catastrales.

A ello respondieron ayer los sectores señalados y afectados. De una parte, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) , que se unió al PP y Ciudadanos en el voto en contra a estas ordenanzas del pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que dio su respaldo al proyecto municipal pero donde la patronal mostró con claridad su rechazo. Mediante un voto particular, los empresarios subrayaron su « total desacuerdo con un texto que bendice el incremento de la presión fiscal sobre las empresas y pone en riesgo la creación de empleo , los futuros proyectos de inversión y la continuidad de la actividad empresarial». Para la CES, «cualquier subida de impuestos en estos momentos es totalmente contraproducente, por cuanto todas las empresas han atravesado una gravísima crisis, de la que aún no se han recuperado, y no se pueden permitir soportar mayor carga fiscal».

«El empresario y el inversor necesitan contar con un clima propicio, desde el punto de vista normativo y fiscal, que faciliten la actividad económica —expusieron—. La mejor política social es la creación de empleo y con estas ordenanzas difícilmente se va a conseguir ». Además, la CES apuntó que «se está haciendo una interpretación sesgada» de la subida, ya que «repercute no sólo en las grandes empresas sino en todo el sector». Así, se indicó que «el incremento del IBI no sólo recaerá en los grandes, como proclama el Ayuntamiento, sino que al reducir desde 200.000 euros a 135.000 euros el valor catastral que se toma como referencia para la aplicación del tipo diferenciado en el comercio, el incremento de este impuesto en este sector será de más del 40% con respecto a 2015. Con esta política de acoso fiscal a la empresa, el Ayuntamiento recaudará en 2016 más de 8 millones de euros».

La Cámara de Comercio , de otro lado, emitió una nota criticando esas ordenanzas, que «no ayudan a la reactivación económica y la creación de empleo», instándose al equipo de gobierno a «reconsiderar dicho proyecto, del que destaca un desmedido afán recaudador». La Cámara propone que «el Ayuntamiento dé marcha atrás al proyecto de subida del IBI y del IAE, que afectará a más de 4.000 empresas que en los momentos actuales no deben ver agravada su situación económica». «Las empresas sevillanas deben tener un respiro que les permita reconducir su situación y no ver como ésta se complica aún más», se apuntó desde la institución cameral, que alertó de la «huida de inversiones».

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sí dio su visto bueno al proyecto de ordenanzas. En su dictamen, que no es vinculante, este organismo valoró «positivamente» las mismas porque contemplan una «congelación global» de los tributos «para los ciudadanos y para la mayor parte del sector empresarial». En cuanto al IBI, por ejemplo, constata que la rebaja del coeficiente «absorbe íntegramente la actualización de los valores catastrales», pero reclama «la debida publicidad» para dicha actualización por su incidencia en otros impuestos, lo que supone un claro bofetón sin manos al gobierno de Juan Espadas por su sutileza al referirse al incremento de tipos del IBI y la escasa mención a cómo afecta en realidad. El CESS considera «deseable que una medida de tanta relevancia como la actualización de valores catastrales fuera ejecutada con la debida publicidad y conocimiento del ciudadano , pues afecta directamente a varios impuestos locales, como el de bienes inmuebles y el de la plusvalía, así como a otros impuestos supralocales».