Vivienda
Una empresa de desocupadores media en el desalojo de los okupas del Tardón
La joven lleva tres meses fuera de su casa y espera recuperarla hoy
A las 9.00 de la mañana una empresa privada de seguridad ha organizado un dispositivo para desalojar a los okupas que se han instalado en el piso de Paola Mancilla , vecina del Tardón. La compañía Desokupación Legal, se ha ofrecido a realizar gratis el servicio tras la noticia adelantada por ABC . El gerente, un trabajdor y un guarda de seguridad negocian con los moradores para que su salida sea lo más pronto posible.
A esta hora, el equipo espera la llegada de uno de ellos que dice estar en el juzgado , mientras otro de los ocupantes del inmueble sigue en el interior sin atender la llamada. Jaime Sanz, el responsable de la empresa, explica a este medio que todo el procedimiento es legal y «nunca se usa la violencia, salvo si es necesario para protegernos», pero es no es lo normal.
La negociación y la persuasión son los métodos . Hace cuatro años que comenzaron a realizar este tipo de trabajos «ante la falta de respuesta que da la ley al problema de la usurpación de casas» , indica. Aunque este caso dice haberles alarmado, pues «no es corriente que entren en la vivienda habitual de otra persona, suelen ser pisos de alquiler, segundas residencias y propiedades de bancos».
Los problemas de esta joven de 24 años, que tiene a cargo a una niña de dos, empezaron al principio del cuarentena cuando decidió alquilar una habitación en su piso de la calle Jacinto Benavente para conseguir algunos ingresos con los que ir aguantando hasta cobrar la prestación del ERTE. Ante su puerta se presentó una pareja con su hija menor que se instaló con ella y le abonó el primer mes.
Paola se vio obligada a marcharse de su casa , según explica, por la situación insostenible y tras una agresión de la pareja, que denunció hace dos meses. Durante todo este tiempo se ha alojado con amigos y familiares, que la han arropado este día cuando espera recuperar su hogar. Estos primeros okupas le comunicaron que se marcharían a mediados de julio , pero cuando la residente legal intentó regresar a su casa, encontró a otras personas que no conocía. Ellos le aseguraron que habían alquilado el inmueble, pero carecían de contrato que lo justificara y así se lo dijeron a la Policía cuando la joven avisó.
Desde entonces intenta volver a su piso, propiedad de su madre, que reside fuera desde hace algún tiempo.
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