PRECIOS PÚBLICOS
Emasesa descarta finalmente subir el recibo del agua para 2019 en Sevilla
La empresa de abastecimiento de la capital hispalense planteó un aumento del 1,7%, pero dejará la tarifa congelada
La empresa metropolitana de aguas de Sevilla da marcha atrás en su planteamiento inicial de subir el recibo . Emasesa presentará un nuevo proyecto de presupuestos para 2019 que no incluirá la actualización de las tarifas en un 1,7%, según se informó ayer desde el Ayuntamiento de Sevilla.
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La comisión ejecutiva y el consejo de administración de Emasesa acordaron finalmente no aprobar pero ni tan siquiera debatir el proyecto de presupuestos para 2019 de la empresa metropolitana de aguas que contemplaba una «actualización de las tarifas del 1,7%, por debajo del IPC» , tal y como se avanzó hace varios días. Esta decisión se tomó tras la presentación de un informe por parte de los servicios jurídicos y la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla, respaldado por los servicios de Dos Hermanas y La Rinconada, en el que se establece que cualquier modificación en los precios desde este año 2018 «debe ser aprobada con carácter previo en los plenos de cada uno de los ayuntamientos que conforman el consejo de administración en el marco de sus ordenanzas fiscales». En total, son 17 los ayuntamientos presentes en la compañía pública de abastecimiento.
Volver a empezar
De esta forma, los municipios que forman parte del consejo de administración encomendaron a Emasesa que elabore un nuevo proyecto de presupuestos que no incluya la previsión de un incremento de ingresos por esta actualización de las tarifas del 1,7%, lo que en la práctica supone que no habrá modificación de los precios públicos de Emasesa y que quedarán, por tanto, congelados en el año 2019 . Año en el que se celebran elecciones municipales, un dato relevante por la impopularidad que supone una subida de cualquier recibo.
Los ayuntamientos, en cualquier caso, subrayaron «la necesidad de seguir explorando nuevas vías de redistribución de la tarifa para hacerla más sostenible», de manera que «tenga un impacto mínimo en el bolsillo del ciudadano y se distribuya atendiendo a criterios sociales, con el objetivo de garantizar el servicio, la calidad del agua suministrada, el derecho humano al agua y hacer frente a las inversiones necesarias para mejorar los procesos de saneamiento y depuración que protejan los aspectos medioambientales y frenen los efectos del cambio climático».