Educación concertada: Casi 900 niños pueden quedarse sin su colegio en Sevilla

El anuncio de eliminar 27 unidades de enseñanza concertada en Sevilla, 26 de ellas de educación diferenciada, supone que cerca de 900 niños se quedarán sin poder entrar en el colegio que sus padres han decidido o en el que estudian sus hermanos. Son niños de Altair, Ribamar, Albaydar, Angela Guerrero, El Cható de Brenes y Nuestra Señora de Lourdes en Carmona . Una decisión que los padres se tomaron muy mal porque, según la portavoz de «Mis Padres Deciden», Gemma García, son padres que viven en zonas desfavorecidas y sin recursos. García responde a la Junta cuando dice que el que quiera diferenciada que la pague. Según ella, todos esos padres pagan con sus impuestos la educación. «Y tenemos mas de 40 sentencias que avalan el derecho a la diferenciada, algunas del TS y otras del TSJA que reconocen el derecho a estos centros», recuerda.

«Las hermanas de la Cruz atienden a niñas desfavorecidas que no tienen otro recurso que estos colegios. Altair está en el barrio mas pobre de España y Ribamar y Albaidar que llevan mas de 50 años dedicados a la formación de la mujer, chicas con pocos recursos no podrán seguir en estos centros», recalca.

Por eso se han puesto en marcha. De momento esperan que se agote la vía administrativa y que los centros afectados han recurrido y aguardan a que la administración haga pública su resolución sobre sus alegaciones. Un proceso en el que los padres no intervienen y que puede culminar con la petición de cautelares para que se suspenda el recorte como ya ocurrió hace varios años.

Ademas no se han quedado parados . Más de 50 Ampas que representan a más de 20.000 familias de Sevilla y provincia han pedido una reunión a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle. Y también les han enviado una carta en la que piden que se garantice su libertad para elegir el modelo educativo de sus hijos, tal como se recoge en el artículo 27 de la Constitución y se sitúan a favor de la coexistencia de un modelo de enseñanza pública y uno concertado que garantice la posibilidad de elegir. Según dicen , los conciertos no son un privilegio, sino un derecho que garantiza poder escoger . Por ello se oponen al cierre arbitrario de cualquier línea que cumpla los requisitos exigibles y recuerdan que la enseñanza se financia con sus impuestos.«La oferta debe adaptarse a la demanda social», dicen.

Hoy lunes la delegación provincial ha admitido que, pese a que su propuesta en la comisión de conciertos fue renovar los citados conciertos a los colegios de educación diferenciada a la espera de que se produzca la sentencia del Tribunal Supremo, l a Consejería de Educación fue la que tuvo la última palabra . Y decidió lo contrario: revocar esos concietos.