El economista acusado niega que elaborara una cláusula «dirigida» en el concurso de Mercasevilla

Llegó la hora de «los técnicos», a los que los responsables políticos han señalado durante las primeras sesiones del juicio por la venta «fraudulenta» de los suelos de Mercasevilla sacudiéndose responsabilidades. Y, como era de esperar, la tesis desde ese flanco es justo la contraria: simplemente realizaron trabajos periciales y alejados de cualquier decisión. Declaró ayer el economista José Antonio Ripollés , uno de los técnicos acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público, quien se desvinculó por completo de cualquier intervención en la elaboración del pliego de las condiciones y, en concreto, de la polémica cláusula de limitación alza que según la Fiscalía fue introducida junto a otra para favorecer a la empresa Sanma, filial de Sando. El acusado señaló que «bajo ningún concepto» recibió instrucciones para que se favoreciera a esta empresa en la valoración de las ofertas. «Nuestra intención era hacer el trabajo lo mejor posible y no perjudicar ni favorecer a nadie», recalcó Ripollés. «No se me consultó nadie ni se me encargó absolutamente nada del pliego» , respondió cuestionado por el fiscal.

Fue incluso preguntado el economista por el hecho de que algunos de los investigados, como por ejemplo el exasesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, le hayan atribuido una participación en la elaboración de parte de dicho pliego de condiciones, ante lo que Ripollés fue clarificador al señalar que «desconoce» por qué lo han dicho aunque se «imagina» que será «por miedo» . «No me tocaba analizar un pliego que estaba autorizado por todo el mundo», indicó este economista, que insistió en que su participación se limitó a « aplicar exactamente la fórmula matemática que solicité al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla». «Hice exactamente eso, y menos mal, porque haciendo eso estoy aquí, ante un tribunal, con lo que no quiero ni imaginar qué hubiera sido de mí si no me hubiera ceñido a aplicar la fórmula matemática», dijo con bastante ironía.

Explicó que en el abril de 2004 se le encargó la realización de un informe sobre el valor de los terrenos de la lonja, que fijó entre 104 y 105 millones de euros porque «era lo que podían llegar a pagar por ese suelo las mejores promotoras». Además, fue contratado para que valorara en un informe las ofertas presentadas al concurso público en los aspectos relativos a la opción de compra y al índice de revalorización, y en concreto sobre los puntos 5.1 y 5.2. El primero de ellos, centro de la polémica. « Era especialmente dificultoso, esa es la verdad, muy complejo . Tanto que por eso, y por la prisa que Mercasevilla tenía, ya que había que tenerlo prácticamente en un día, decidí acudir a la Universidad a pedir esa fórmula matemática», dijo.

En relación a la mesa de contratación, indicó que estuvo presente en el momento de apertura de los sobres con las ofertas y ubicó también allí al que fuera vicepresidente primero de Mercasa, Ángel Gil, añadiendo que no se hicieron comentarios sobre las ofertas y que todo se desarrolló de manera «formal» y «absolutamente reglamentaria» .

En la jornada de ayer también declaró como investigado el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando entre 2004 y 2010 José Luis Miró , quien negó que se pusieran de acuerdo con Mercasevilla para presentar la oferta del concurso. «En ningún caso» dijo durante una declaración que, en buena parte, dedicó a exponer que él carecía de poder de decisión alguno y que siempre trabajó supeditado a la autorización del consejero delegado de Sando, el también acusado Luis Sánchez Manzano.

Miró, que también negó que se pusieran de acuerdo con el resto de empresas para que presentaran «ofertas de relleno» al concurso por los suelos, ha defendido la legalidad del procedimiento, puesto que «si aquí se hubiera encendido la luz roja habríamos parado» . Además, indicó que los suelos de Mercasevilla «no valdrían hoy más de 30 o 40 millones de euros», ya que «se ha hundido el mundo inmobiliario y esos proyectos no son viables».