Disminuyen los delitos pero aumentan los de más gravedad

Los delitos bajaron durante el año pasado en Sevilla, según los datos de la Fiscalía General del Estado que esta semana se han conocido después de que se hiciera público en Madrid el informe anual correspondiente a 2015, que incluye también las estadísticas provinciales de las distintas fiscalías. Según esos datos, el número de diligencias incoadas en la Fiscalía de Sevilla descendió de forma importante. En más de un diez por ciento. De hecho, la cifra total de diligencias ascendió a un total de 201.849. Una cifra bastante inferior a las 225.026 que se habían abierto un año antes y que confirman esa tendencia a la baja y que, por tanto, implica una importante bajada de la delincuencia. En todo el año se produjeron 393 peticiones de prisión, de las que se acordaron 375. Una cifra que supone también una bajada de un 16 por ciento con respecto a este tipo de solicitudes que se habían producido un año antes.

Sin embargo, a la espera de que la Fiscalía de Sevilla haga una interpretación de esos números, hay un dato que llama la atención. Y es que, pese a esa bajada generalizada de los delitos, se ha producido una subida de algunos de especial gravedad c omo los homicidios, la violencia en el ámbito familiar, la corrupción de menores . O los delitos contra la Hacienda Pública, la prevaricación, malversación, cohecho o tráfico de influencias.

En el capítulo de la disminución resulta destacable el importante descenso, de un 26 por ciento, en las diligencias abiertas por delitos contra el patrimonio. Es decir, todas las variantes del robo disminuyeron. En ese epígrafe bajaron prácticamente todas las modalidades: lo hicieron los hurtos, los robos con fuerza en las casas o incluso los robos con violencia o intimidación o incluso los robos de vehículos.

Sin duda si se miran los datos específicos de la memoria referentes a Sevilla resulta llamativo el hecho de que se haya producido un incremento tan grande de las diligencias previas incoadas por homicidio y sus diferentes formas. En 2015 se incoaron 60 diligencias previas por ese motivo, un 33 por ciento más que las 45 que se abrieron durante 2014.

De esas cifras del pasado año, hubo 39 diligencias abiertas por delito de homicidio y 10 por asesinato, a los que hay que sumar otros 5 por homicidio con imprudencia o 6 por auxilio e inducción al suicidio. Aunque en general los delitos contra la libertad sexual han bajado en un 18 por ciento pasando de 434 diligencias incoadas por algunas de sus variantes en 2014 a un total de 389 el pasado año, es reseñable que subieran en un 45 por ciento aquellos relacionados con la corrupción de menores ya que de un año al siguiente pasaron de 11 a 16 casos.

Y también resulta llamativo que se abrieran hasta 35 investigaciones por abusos sexuales a menores de 16 años o que se produjera un aumento del 8 por ciento los casos de exhibicionismo y provocación sexual. Este dato no es de extrañar si se tiene en cuenta que la propia fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, alertó durante el inicio del curso judicial de que se había producido un incremento de los delitos de acoso a menores y en general los relacionados con la corrupción de menores.

Luego, en el ámbito de los delitos contra las relaciones familiares, que también disminuyen, también es significativo que los más destacables, pese a que bajan, sean los impagos de pensiones ya que se produjeron 1.096 diligencias, un 14,7 por ciento menos que un año antes.

Sin embargo, en cuanto a las diligencias abiertas por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social subieron en un 52 por ciento . El pasado año hubo 26 diligencias abiertas frente a 17 que existían un año antes.En ese capítulo es destacable la subida de un 140 por ciento en los casos de defraudación tributaria o la del 150 por ciento en el fraude de subvenciones. Y también fue muy importante el aumento de casi el 65 por ciento de las diligencias abiertas por delitos contra la administración pública. De entre ellos, es destacable el aumento del 18 por ciento de subida de los delitos de prevaricación administrativa que pasaron de 22 a 26. En cuanto a las diligencias por tráfico de influencias aumentaron en un cien por cien, las de malversación un 125 por ciento.