INFORME DE FISCALIZACIÓN
La Diputación de Sevilla paga a sus funcionarios la asistencia médica privada y los gastos farmacéuticos
Un informe de la Cámara de Cuentas advierte del descontrol en la política de personal de la institución presidida por Rodríguez Villalobos, cuestionando las retribuciones y el acceso a los puestos, además de las transferencias a entes públicos
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado un amplio grupo de anomalías, pagos y mecanismos discutibles en la Diputación Provincial de Sevilla. Entre ellos destaca el hecho de que la institución pague a sus funcionarios la asistencia médica y farmacéutica. En ese cuestionamiento de la política de personal, se advierte de la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico de todos los funcionarios , que «no responden a ningún sistema de aportación, subvención o ayuda de cualquier género para fines de provisión, so pena de nulidad de los créditos concedidos para tal fin».
En ese capítulo de personal se destaca el descontrol existente. La Cámara señala, de una parte, las figuras jurídicas que usa la Diputación para la designación de candidatos con la asignación de funciones de superior categoría, la interinidad laboral o funcionarial y la comisión de servicios, apuntando que este procedimiento, «que con carácter general sólo se aplica a los empleados de la corporación, conculca la normativa vigente por la vulneración de los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad ». El enchufismo, de nuevo, como trasfondo.
Se indica también que los empleados seleccionados para ocupar un puesto de superior categoría perciben la totalidad de la retribución del puesto que van a desempeñar, cuando en el caso de desempeño temporal « lo adecuado sería la percepción sólo de las retribuciones complementarias del puesto que realmente desempeñen». Sobre el control interno del personal, se señala que «no se ha establecido un procedimiento homogéneo para la acreditación de las circunstancias que dan lugar a determinadas retribuciones variables e indemnizaciones por razón del servicio», lo que provoca que «en cada área se justifiquen con un grado de información diferente». Es más, se expone que «los datos que se incluyen en las nóminas no son revisados por persona distinta a la encargada de su introducción».
Transferencias «inconvenientes»
Además, han quedado de nuevo en entredicho las transferencias realizadas desde una administración pública. El informe expone que la Diputación usa para la financiación de sus entidades íntegramente dependientes las «transferencias genéricas» para financiar los gastos de explotación, como también las encomiendas o los mandatos de ejecución, destacándose de estas operaciones que «no figura en ninguno de los expedientes examinados la acreditación de la conveniencia u oportunidad de utilizar este procedimiento en relación con otras alternativas». No son convenientes esas transferencias a entes o empresas públicas, pero se realizan. Tal es el descontrol que se apunta que la institución «no dispone de información sobre la participación que mantiene en 26 de las entidades en las que participa directamente».
El documento de la institución cameral, que fiscaliza el ejercicio 2012 , apunta que «en determinados expedientes se ponen de manifiesto debilidades relacionadas con el objeto del encargo, pues tratan de convalidaciones de gastos por actuaciones no incluidas en el mandato inicial , por el surgimiento de necesidades posteriores y por actividades realizadas con anterioridad a la formalización de la correspondiente encomienda, evidenciándose en este último caso la falta de título suficiente producido por el órgano competente que justificara la actuación de la sociedad». A esa falta de una debida justificación a esas transferencias se añade que los mandatos o encargos analizados «no están retribuidos por ningún sistema de tarifas ni por otro procedimiento» y de las encomiendas analizadas se observa que las entidades encomendatarias, «por falta de recursos propios, subcontratan todo o casi todo el contenido de las actuaciones». Las transferencias a los entes «satélite» de la Diputación carecen de las convenientes justificaciones, controles y procedimientos reglados, según el informe, que en su literalidad recuerda bastante a las conclusiones sobre las transferencias que venía realizando la Junta de Andalucía durante años a la agencia IDEA y que han dado lugar al Caso ERE y un sinfín de imputaciones.
En cuanto a las subvenciones cuyo régimen jurídico corresponde al previsto en la Ley General de Subvenciones, sólo el área de «Innovación y Empleo no dispuso en 2012 de Plan estratégico o Plan provincial». En el Plan del Área de Concertación de 2012 «no se aporta una valoración en términos de eficacia y eficiencia de las acciones planteadas y de los objetivos alcanzados». Además, el informe analiza un grupo de 17 expedientes de subvenciones excepcionales y, de ese repaso, se destaca la «falta de acreditación de las razones que dificultaron su convocatoria pública» . ¿Por qué se dieron de forma directa y sin publicidad? Por si eso fuera poco, en cuanto a la justificación de subvenciones, la Cámara de Cuentas observa incidencias en sus memorias, como, por ejemplo, la falta de firma y fecha en su cumplimentación, que se incluyan actividades realizadas fuera del ámbito temporal del convenio o que no se recoge información de las actividades realmente desarrolladas. Un oscurantismo impropio de la administración pública que queda patente en este amplio informe.
Para la Diputación, son «apreciaciones»
La Diputación salió ayer al paso del contenido del informe de la Cámara de Cuentas, al que relativizó como «apreciaciones» . Desde la institución presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos se señaló que muchas de las cuestiones planteadas «ya han sido objeto de mejora», recordando que «todos los gastos y acciones realizadas desde la institución provincial están fiscalizados por la intervención y los servicios jurídicos y económicos, con sus respectivos informes favorables », por lo que «no hay nada punible desde el punto de vista legal».
Tras subrayar que está abierta «a todos los cambios en materia de transparencia que haya que introducir», indicó a ABC que el informe contiene información de 2012 a 2015, por lo que «muchas cuestiones ya han sido objeto de mejora» , poniendo como ejemplo que en octubre de 2014 ya se aprobó la Relación de Puestos de Trabajos (RPT), una de las demandas que aparecen en el informe.
Además, la Diputación destacaba que presentó antes de la publicación de este informe observaciones y alegaciones que, muchas de ellas, han sido aceptadas en la Cámara de Cuentas. «De hecho, hubo un grupo de trabajo conjunto entre ambas entidades», se añadía, matizando que el informe incluye «observaciones y apreciaciones de mejora» que la institución provincial «está analizando y estudiando» .
En relación con los asuntos vinculados a los trabajadores y la política de personal, se explicaba que todas las medidas expuestas han estado «respaldadas y adoptadas dentro del acuerdo de funcionariado y convenio colectivo , acordados dentro de la negociación sindical y con informe favorable de la intervención. En ningún caso son imposiciones », advertía la Diputación.
Acerca de las transferencias genéricas para financiar gastos de explotación, por otro lado, se indicaba que una parte se trata de las encomiendas de gestión que la Diputación traslada a sus sociedades, «algo que no deja de ser un modelo de gestión, un procedimiento».
