Detenidos e investigados cinco trabajadores de Medio Ambiente por encubrir un delito de caza ilegal

Hasta cinco trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente han sido detenidos e investigados por la Guardia Civil a raíz de un delito de caza ilegal y contra el medio ambiente. Se trata de un agente de Medio Ambiente, funcionario público con autoridad en la materia , y el resto guardas forestales de la Consejería de Medio Ambiente y trabajadores de Amaya (Agencia del Medio Ambiente y Aguas de la Junta de Andalucía).

Todo se inició el 2 de febrero cuando un vecino de Almadén de la Plata , que formaba parte de un grupo de cazadores, abatió un azor, especie de ave protegida, con interés especial. De hecho la muerte de esta rapaz está penada con hasta sesenta mil euros de multa .

El cazador no solamente no se arrepintió sino que se jactó del acto y al parecer colgó la foto del ave muerta en las redes sociales. Esto levantó las sospechas del puesto de la Guardia Civil de Almadén de la Plata que inició las investigaciones y pudo dar con el cazador, el cual fue arrestado y se le comunicó el presunto delito cometido. Al mismo tiempo se le retiró la licencia de caza y el permiso de armas .

Pero el Benemérito Instituto no dio por zanjada la investigación porque no encontraba el cadáver del ave rapaz. Según ha podido saber este periódico de fuentes solventes, tirando del hilo, se llegó al conocimiento de que había trabajadores de Medio Ambiente dentro del parque natural de la Sierra Norte de Sevilla que podían haber facilitado el encubrimiento de estos hechos. Uno de ellos, incluso, llegó a advertir al cazador del peligro que corría tras matar al azor , y que tuviera mucho cuidado porque esas aves podían tener un microchip insertado para hacerle un seguimiento por parte del personal de la Agencia de Medio Ambiente. Es más, le recomendó que se llevara el ave lo más lejos posible del parque natural para enterrarla.

La falta de colaboración por parte de estos empleados de la Consejería de Medio Ambiente que trabajan en el parque natural hizo redoblar los esfuerzos para buscar pruebas concluyentes. Al final fueron tres los detenidos y dos los investigados. Se les acusa de delitos contra el Medio Ambiente, contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública. Según la autoridad se les imputa por haber cometido presuntamente un delito de encubrimiento, entorpecer la labor policial, no decir la verdad de forma explícita en sus declaraciones y ocultar pruebas que eran relevantes para la investigación. Todo ello además con el agravante de que en el momento de la investigación eran funcionarios públicos que por la naturaleza de su trabajo, como empleados de la Consejería de Medio Ambiente, estaban obligados a colaborar con las autoridades que estaban ahondando en las irregularidades cometidas. La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Sevilla ya tiene conocimiento de la investigación de la Guardia Civil.

Este periódico se puso en contacto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para recabar más información sobre los presuntos delitos contra el medio ambiente cometidos en este espacio protegido. Desde dicha institución no tenían conocimiento de los hechos, ni de que cinco de sus trabajadores hubieran sido investigados y detenidos por un presunto encubrimiento . «Oficialmente no nos ha llegado nada, ningún requerimiento judicial, pero si los hechos son como se apunta que no quepa duda que actuaremos conforme al reglamento, el que lo hace lo paga», aseguraron desde Medio Ambiente. Este redactor intentó hacerse con la identidad de los acusados , al menos las iniciales de sus nombres, pero el intento fue infructuoso.