Destrozan un piso social de la Junta de Andalucía en el Polígono Sur en Sevilla
Esta vivienda había sido ocupada ilegalmente hace más de siete años y tenía una orden de desahucio
Sin ventanas ni puertas interiores. Los muebles de la cocina y los accesorios del baño hechos añicos y diseminados por el salón. Los cables de la luz arrancados de cuajo y con serio riesgo de detonarse un corto circuito que afecte a todo el bloque. En definitiva, literalmente reventado y con un montón de basura y escombros por todas partes . Es la dantesca imagen que ha encontrado la Junta de Andalucía al abrir en el Polígono Sur una de sus viviendas protegidas que ha estado ocupada ilegalmente durante años. Para que vuelva a acoger a la familia que ha resultado adjudicadaria respetando el procedimiento de acceso, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), organismo titular de estos pisos, tendrá que hacer obras de acondicionamiento por un valor de 12.000 euros .
La historia de esta vivienda social de la calle Los Gozos y Las Sombras, número 1-4ª, de la barriada de Martínez Montañés , se remonta a enero de 2014. Entonces, en una verificación rutinaria de la Agencia de Vivienda se detectó su ocupación ilegal por dos jóvenes, de 19 y 17 años, con una hija de seis meses en aquella fecha. Al parecer, la madre de la joven residía en otra vivienda del mismo bloque. Cuando fue ocupado, el inmueble figuraba como disponible en la convocatoria para recibir peticiones de vivienda el año anterior (2013) para el Polígono Sur. Según han explicado fuentes de Avra, la pareja ocupante no participó en este procedimiento.
Desde un primer momento, desde Avra se insta a la pareja a
abandonar la vivienda, «a lo que se negaron en todo momento» . En aquella fecha, no obstante, se decidió posponer la tramitación del expediente de desahucio porque «estaba próxima a ejecutar la rehabilitación de calado en las zonas comunes del edificio y el proceso contra los ocupantes podría haber dificultado la obra».
Pero, en octubre de 2018, una vez finalizados los trabajos en el bloque, la Junta de Andalucía inició este y otros 20 expediente de desahucio de pisos ocupados en el Polígono Sur . Desde Avra se recuerda además, que meses antes, en marzo, se abrió una nueva convocatoria de solicitantes de vivienda, a la que, «de nuevo, no concurrieron los ocupantes afectados hasta marzo del año pasado».
En mayo de 2019 el expediente de desahucio fue resuelto. Los afectados, por su parte, presentaron alegaciones. Aseguraban que cuando entraron en este piso estaba en ruinas y que ellos hicieron una reforma completa, la adecentaron y se instalaron dentro. Poco después, esta pareja, tuvo su primera hija. El argumento contaba entonces con el apoyo de la asociación de vecinos de Martínez Montañés, que insistió a buscar entre todos una salida negociada . «No es de recibo que permitan ocupar un piso, dejen que lo reformen, y siete años después los echen a la calle», llegó a defender el representante vecinal Rafael Pertegal.
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Sin embargo, sobre las reformas la familia ocupa siempre ha mantenido que avisaron de la obra y que Avra les dio el visto bueno;mientras que la Agencia de Vivienda lo niega y recuerda que este expediente de desahucio «cumple con todos los requisitos» . Las alegaciones fueron rechazadas y Avra solicitó autorización judicial para entrar y recuperar su posesión dentro del proceso de regularización de las viviendas ocupadas.
Finalmente, la autorización del juzgado se obtuvo hace un año, en enero de 2020, pero los afectados solicitaron justicia gratuita -«de la que luego no han hecho uso»-, lo que ha demorado la ejecución del auto, que q uedó fijado para el pasado 3 de febrero . Antes, los ocupantes fueron informados de la fecha de ejecución, indicando en ese encuentro que ellos no disponían de vivienda alternativa.
En este sentido, se informó del caso a los Servicios Sociales municipales, por si la familia necesitara amparo una vez lanzada de la vivienda. «Desde los Servicios Sociales se ha indicado que la familia no había acudido hasta ese momento para pedir ayuda» . Por su parte, la abogada de oficio gestionó también con Cáritas un posible alojamiento alternativo, que finalmente no ha sido necesario. Y es que, según ha informado la propia letrada a la Junta, se han alojado en una vivienda de alquiler privado.
Hace unos días, la Agencia de Vivienda, tras conocer que la familia se había marchado y que «durante varios días se oyeron numerosos golpes», acudió a la vivienda con acompañamiento policial. Una vez dentro, se topó con la sorpresa de que estaba totalmente destrozada. Pese a que ya se ha adjudicado el inmueble a la familia que le correspondía dentro de la bolsa de demandantes, ésta no puede acceder hasta que «en los próximos días» se acometan obras de acondicionamiento con una inversión estimada «entre 10.000 y 15.000 euros».
