TRIBUNALES
Descargan toda la gestión de la comunidad de regantes en el «caso Marismas» en el gerente ya fallecido
El presidente de la mesa de contratación del concurso supuestamente «amañado» y otros miembros de la comunidad de regantes estaban citados este jueves ante el juez
El juez del «Caso Marismas» ha continuado este jueves con la toma de declaraciones a los investigados por un presunto fraude de 40 millones de euros en las obras de modernización del Bajo Guadalquivir entre Los Palacios y Lebrija y el presunto amaño en el concurso de adjudicación del proyecto. Los declarantes de hoy, todos miembros de la comunidad, han descargado en el que fuera el gerente , Antonio López, ya fallecido , toda la responsabilidad de la gestión de esta entidad . Ellos se limitaban a dar luz verde a lo que él proponía.
Este jueves estaban citados como investigados ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla el que fuera el presidente de la mesa de contratación, dos vocales de la mesa, el tesorero de la comunidad y un vocal de esta entidad. Si bien, no todos han declarado. Los cinco repetían hoy de nuevo ante el instructor, pues ya fueron llamados con anterioridad.
Los que han aceptado preguntas de las partes personadas en esta causa han coincidido en señalar que el día a día de la comunidad estaba en manos del que fuera gerente de la entida d, ya fallecido. Ellos, según han precisado, se limitaban a aprobar lo que el proponía. De esta forma, descargan su responsabilidad en los hechos investigados .
El 13 de octubre de 2004 , según expone el propio juez instructor en uno de sus autos, el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización de las canalizaciones de la margen izquierda del río entre Dos Hermanas y Lebrija presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones , de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total. El dinero procedería de la Unión Europea . El resto del coste del proyecto debía ser afrontado por los regantes.
Según el magistrado, la comunidad de regantes «no llegó a celebrar Junta o Asamblea General para aceptar la subvención» , al contrario de lo que establecía la resolución de concesión, mientras que «tampoco contaba con disponibilidad de medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones».
Forma irregular de puntuar las ofertas
Los responsables de la comunidad de regantes «extendieron una certificación consignando como fecha aparente de la misma -asamblea- la de 11 de noviembre de 2004 y en la que se certificaba falazmente que el 10 de noviembre de 2004 se había celebrado una asamblea general extraordinaria en la que se había aceptado la subvención», a pesar de que no se celebró «en ningún momento».
La comunidad de regantes convocó, por el procedimiento de licitación abierta, un concurso para la contratación de las obras relativas al Proyecto de Modernización de la zona regable de Las Marismas del Guadalquivir, y el Comité de Evaluación, «faltando absolutamente a las reglas establecidas en la resolución de la comunidad de regantes de 10 de agosto de 2004 y en el pliego de condiciones particulares, utilizaron criterios distintos a los ahí establecidos para la valoración de las ofertas económicas y técnicas».
El resultado final de esa «irregular forma» de puntuar las ofertas económicas fue que los licitadores que habían presentado las tres mejores ofertas económicas --Dragados, OHL/Tecniriego y Sacyr SAU/Prinur SAU/Meridional de Aguas-- quedaron en las posiciones 11, 12 y 14, respectivamente, lo que permitió que las Uniones Temporales de Empresa Befesa/Alpi y Teconsa/Elecnor/Meci/Tegner «quedaran colocadas dentro de los cinco primeros puestos, pese a que sus ofertas económicas no se lo hubieran permitido».
La UTE conformada por Teconsa, una empresa nacional, y Meci y Tegner, dos sociedades de la zona, que presentó la oferta más cara de las doce que concursaron, pero la mesa de contratación cambió los criterios y esta UTE se situó de repente como ganadora. En ella participaban los empresarios locales Manuel Moreno, cónsul honorario de Turquía en Sevilla, y Antonio Navarro «El Murciano».
Sin embargo, el mismo día en que se produjo la adjudicación alguien de la Junta de Andalucía llamó a los responsables de la mesa de contratación para indicarles que estas sociedades no tenían calificación para optar al concurso y ordenaron repetirlo.
La llamada de la Junta
Según la Guardia Civil, el que fuera presidente de la Comunidad de Regantes , Diego García, que ayer se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, recibió una llamada esa noche en la que se le instó a dar por ganadora a la UTE Befesa-Alpi , que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Pero había una condición, la empresa ganadora debía aceptar subcontratar a los empresarios locales si quería hacerse con el concurso. Y esta petición fue realizada ante notario.
Según el juez, este acuerdo suponía que, pese a que la adjudicataria formal de la obra era la UTE Befesa/Alpi, la adjudicataria real y auténtica beneficiaria de «los pingües beneficios» que iba a reportar la obra de modernización era la UTE de los empresarios locales.
Varios testigos de este presunto amaño del concurso público apuntan a José Luis Sánchez Teruel , parlamentario andaluz, secretario de organización del PSOE de Almería y ex director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta, como la persona que dio aquellas instrucciones. Por eso el juez acordó citar como investigados tanto a los miembros de Befesa como al socialista para esclarecer estos hechos.
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