¿Cuántas veces ha rectificado el alcalde Juan Espadas?

ALBERTO GARCÍA REYES

25/12/2015
Actualizado 26/12/2015 a las 08:07h.

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rectificar es de sabios. Pero rectificar tanto... En los siete meses que lleva Juan Espadas como alcalde de Sevilla ha tenido que cambiar su discurso en seis asuntos tras comprobar la reacción de distintos agentes de la ciudad a sus ideas.

La primera marcha atrás sonora del Gobierno socialista se produjo apenas dos días después de que trascendiera que el d elegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, había transmitido a los jefes de la Policía Local durante una reunión su intención de disolver el grupo de asuntos internos, Gepol, que había llevado a cabo la investigación de las oposiciones presuntamente amañadas y que ha desembocado en el procesamiento de 45 personas, entre ellas 35 agentes supuestamente beneficiados por la filtración del examen y el máximo mando del Cuerpo, el superintendente Juan José García . La decisión de Espadas no gustó a la Fiscalía de Sevilla, que fue quien había encargado el caso a este grupo policial. La propia fiscal, María José Segarra, se lo hizo saber al delegado. Y el alcalde matizó de inmediato su decisión: no se eliminaría el grupo de asuntos internos, sino que, como se trataba de una unidad no contemplada en la plantilla de la Policía, se iniciaría el trámite administrativo para crear de nuevo esta unidad cumpliendo todos los requisitos legales. De la disolución se pasó a la legalización. Conceptos muy distintos. Pero, además, en mitad de la polémica el juez que había instruido el caso emitió un auto en el que instó a Espadas a no tomar ninguna decisión al respecto sin consultar con él. Por lo tanto, a pesar del anuncio, ni la disolución ni la legalización se han podido ejecutar hasta ahora.

La segunda marcha atrás se produjo al aplicar su reforma sobre la Zona Azul que había implantado el anterior gobierno municipal. Espadas aseguró durante la campaña que la derogaría de manera íntegra, por lo que se eliminaría en todas las calles en las que había sido puesta por Zoido, sobre todo en los barrios de Bami y Nervión. Sin embargo, una vez en el gobierno el planteamiento se rebajó. El alcalde matizó que no podía derogarla en todos sus extremos porque había un contrato vigente y que lo que haría sería reducir 800 plazas. Efectivamente, cumplió esta medida, pero las asociaciones de consumidores no dudaron en reprocharle su incumplimiento.

El procedimiento es muy parecido en el caso de la SE-35. El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz , anunció que el proyecto para realizar esta ronda de circunvalación quedaba descartado después de que la Unión Europea hubiera exigido un informe medioambiental que no existía. Todos los medios publicaron al día siguiente que la iniciativa pasaba a mejor vida, ante lo que el alcalde volvió a matizar los titulares: «Lo que vamos a hacer es volver al punto inicial para cumplir con todos los requisitos y volver a apostar por la SE-35». En esa ocasión justificó el cambio en un malentendido por parte de los informadores.

Pero en la siguiente la rectificación ya no tuvo excusas. Espadas admitió que la medida no era idónea, después de una larga polémica, y la tumbó. Se trata del bonobús de mayores. Presionado por los partidos de la extrema izquierda, el PSOE incluyó un criterio de renta para los mayores de 65 años en la tarjeta de Tussam, de manera que quienes superasen los 1.800 euros de ingresos pasarían a pagar después de cuatro años exentos. Las protestas se multiplicaron, sobre todo porque muchos alegaron que con sus pensiones están sosteniendo a miembros de la familia en paro, y Espadas dio marcha atrás sin la menor soberbia, una rectificación con la que ha acabado recibiendo el aplauso de los beneficiados y que se parece mucho a la que ya ha planteado a sus técnicos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para edificios con alta protección patrimonial.

En el Pleno del pasado miércoles, el PP hizo una comparación entre lo que pagarán por este impuesto los seis últimos edificios que han solicitado la licencia de obras antes de acabar el año y lo que abonarían en caso de haberla solicitado a partir del 1 de enero, fecha en la que entra en vigor la nueva normativa fiscal de la ciudad. Esa comparativa demostró que el incremento para este tipo de inmuebles será del 480 por ciento. Inmediatamente, el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla reconoció que tendrá que «reflexionar» sobre esta medida y todo indica que el próximo martes se rectificará en las ordenanzas. Otro tanto para Espadas, que con esta marcha atrás demuestra su capacidad para admitir errores.

Sin embargo, el caso más llamativo es el de la Gavidia. Ahí el alcalde no corrige un fallo, sino que ha cambiado directamente su postura por indicación de los partidos que lo sostienen en el poder. Su propuesta era vender la antigua comisaría para instalar allí un hotel, para lo que era necesario un cambio en la calificación urbanística del inmueble. En el proceso para realizar esta recalificación, la Comisión de Patrimonio emitió un informe en el que prohibía la demolición del edificio por tratarse de una obra protegida. Espadas alegó entonces que si el viejo inmueble presentaba problemas estructurales no se podría mantener, por lo que encargó un informe. Sin embargo, en el pleno de noviembre IU presentó una moción de urgencia para evitar la venta de la Gavidia y, sorprendentemente, el PSOE la aprobó. Ni habrá hotel, ni la sede de la antigua comisaría pasará a manos privadas. Una marcha atrás que, para muchos, se ha hecho sin espejo retrovisor.

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