Crisis coronavirus
La Junta de Andalucía amplía los funcionarios en los juzgados de Sevilla para atender los servicios esenciales
Esta decisión de la Consejería llega después de que la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le exigieran que había que garantizar los servicios esenciales
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía , al frente de la que está el también vicepresidente, Juan Marín , ha acordado ampliar el número de funcionarios que presencialmente tienen que desarrollar su labor diariamente en los juzgados de Instrucción y de lo Penal de Sevilla mientras dure el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.
Esta decisión llega una semana después de que el Consejo General del Poder Judicial pidiera al Gobierno andaluz que garantizara el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, debido a las limitaciones que había impuesto la Junta a la actividad presencial por la pandemia de coronavirus .
En concreto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó «requerir formalmente» a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Junta para que, «de conformidad con las instrucciones y acuerdos dictados al efecto por el órgano de gobierno de los jueces, adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia».
A juicio del CGPJ, los funcionarios que estaban trabajando durante el estado de alarma «en régimen presencial eran muy limitados », lo que «no permite asegurar ni garantizar la debida prestación de los servicios esenciales que han sido determinados, singularmente en grandes partidos judiciales del ámbito territorial de este Tribunal Superior, en los que existe un elevado número de órganos jurisdiccionales, jurisdicciones separadas y especializadas y sedes no unificadas».
«El insuficiente régimen presencial no asegura el conocimiento inmediato y la coordinación de las actuaciones de registro, reparto y decanato, así como la calificación de los asuntos urgentes y esenciales con su traslado, a la mayor brevedad, a los correspondientes jueces y/o funcionarios en régimen de disponibilidad».
Tirón de oreja
Pero el tirón de orejas a la Junta de Andalucía no sólo llegó desde el máximo órgano de gobierno de los jueces, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también mostró su preocupación ante la importante reducción de funcionarios que trabajan de manera presencial al considerar que podría impedir que se presten servicios esenciales y urgentes, por lo que ha pedido establecer una dotación especial.
No obstante, no han sido las únicas voces que reclamaban a la Junta más presencia funcionarial para garantizar los servicios esenciales establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Entre éstas se encontraban la del juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero .
Pues bien, cinco días despues, fuentes de la Consejería de Justicia han asegurado a este periódico que se ha acordado aumentar el número de funcionarios que deben trabajar de forma presencial en los juzgados de Instrucción y de lo Penal de Sevilla.
Hasta la fecha, además de los funcionarios que estaban en los juzgados de guardia , que eran dos, había un trabajador público al día para todos los juzgados de Instrucción , que en Sevilla son veinte. Para los penales , que son 15, también había un funcionario.
Con la nueva decisión del departamento de Juan Marín , se suman cuatro nuevos funcionarios presenciales. En los juzgados de lo Penal habrá uno más, mientras en los de Instrucción serán tres.
Esta medida del Gobierno andaluz también llegará a los juzgados de Málaga , donde se incorporarán de forma presencial cuatro funcionarios más, como en Sevilla. Dos en los de Instrucción y dos en los Penales.
El acuerdo de la Consejería de Justicia no ha tardado en levantar críticas desde los sindicatos , quienes, según fuentes judiciales consultadas por ABC habían presionado a la Junta para fijar ese número de funcionarios inicial.
Crítica sindical
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia denuncia que el TSJA imponga un incremento de funcionarios en los juzgados durante la pandemia para realizar tareas que podrían hacer los secretarios judiciales mediante teletrabajo .
Hasta la fecha, « no se ha producido ni una sola disfunción ni desatención de los servicios, lo que demuestra que la dotación presencial reducida y de disponibilidad del resto de funcionarios establecida por la Consejería era más que suficiente y garantizaba la prestación puntual del servicio», asegura el sindicato.
A su juicio, estas disfunciones están muy localizadas en jurisdicciones muy concretas, como el Registro Civil , que han requerido un incremento en el horario de atención, singularmente para la expedición de licencias de enterramiento, dado el aumento de fallecimientos y la desaparición de la exigencia de dejar transcurrir 24 horas desde la defunción, por lo que el servicio se presta por los funcionarios también durante las tardes y durante todo el fin de semana.
La atención de los servicios esenciales en la jurisdicción penal , salvo la de los juzgados de guardia o la celebración de juicios o resolución de recursos declarados urgentes, consiste fundamentalmente en el control diario de entrada de escritos y documentos a través de la plataforma judicial Lexnet, actividad que es vital para que no se produzcan situaciones indeseables que podrían suponer vulneraciones de derechos fundamentales.
Esta labor pueden realizarla jueces y secretarios judiciales en remoto, con certificado digital, mediante teletrabajo, una modalidad que debe ser en estos momentos de emergencia, la absoluta prioridad. Esta simple tarea evita que tengan que personarse diariamente funcionarios en los juzgados, únicamente para ver si han entrado o no esos escritos o documentos en tales procedimientos urgentes, que desde luego, no se dan todos los días. De ingresar, los funcionarios disponibles acuden puntualmente a realizar la actuación que proceda.
Sin embargo, la Comisión de Seguimiento, presidida por el TSJA, en la que se le ha negado participar a los representantes de los funcionarios, a pesar de ser los mejores conocedores de las incidencias que se producen o no en los servicios esenciales, ha impuesto un incremento de la dotación presencial para la realización de esta tarea, en lugar de encomendar su control en remoto a jueces y secretarios judiciales, únicos competentes para calificar la urgencia o no de los escrito.
«Esta obstinada cabezonería , y nada razonable, abre una peligrosa brecha entre la necesaria colaboración de las instituciones y colectivos que participan en el sector de la Justicia y constituye una seria amenaza para las medidas de contención del virus en este sector».
Y el sindicato advierte de que estará vigilante a la evolución de los casos de contagio que en el sector se produzcan, emprendiendo las acciones de toda naturaleza que sean necesarias para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse ante decisiones imprudentes como la adoptada por la comisión de seguimiento.
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