Coronavirus en Sevilla
La segunda ola del Covid-19 complica la situación de las residencias de mayores de Sevilla
El coronavirus deja ya medio centenar de muertes en los centros de mayores de Sevilla
La Fiscalía especializada advierte de que la situación se está volviendo a complicar en los centros de mayores como en los meses más duros de la pandemia
«La segunda ola comienza a convertirse en la primera. Empezó a ponerse feo a mediados de agosto con los primeros positivos y el primer positivo llegó el 28 de agosto». Éstas son las palabras usadas por Norberto Sotomayor, fiscal delegado de Personas Mayores y de Personas con Discapacidad en Sevilla , cuando tiene que hacer una radiografía de la incidencia del Covid-19 en las residencias que acogen a estas personas en la provincia, especialmente golpeadas durante la pasada primavera. Desde entonces, el coronavirus ha provocado ya en los centros de mayores 54 muertes .
Si comparamos estas cifras con las registradas durante la pasada primavera , en un mes y una semana se han producido un tercio de las muertes en los centros de mayores contabilizadas en la primera oleada, cuando éstas superaron las 150.
En cuanto a los positivos , actualmente hay 390 infectados entre la población residente , habiéndose superado los 400 hace unas semanas. En la primera oleada la cota máxima fue de 341. Entre los trabajadores sociosanitarios , en primavera se alcanzó un pico de 350 positivos en abril. Actualmente son 88.
El fiscal explica a ABC que el elevado número de positivos se debe en gran medida a que se están realizando un mayor número de pruebas para detectar a los infectados . En el caso de los centros para personas con discapacidad , en esta segunda oleada se han producido dos muertes, ambas en la residencia Mater et Magistra; y hay actualmente 30 trabajadores y 29 residentes infectados.
Los fallecimientos han tenido lugar en ocho residencias de la provincia . Sólo existe una, ubicada en la zona de Sevilla Este de la capital, que ha registrado muerte en las dos oleadas de la pandemia. El centro de mayores Vitalia de Mairena del Aljarafe es el más afectado en estos momentos con nueve muertes.
Si en la primera oleada las principales quejas recogidas por el fiscal en su labor de investigación fue la falta de material y de pruebas , ahora es la tardanza en conocer los resultados de los test realizados a los residentes y a los trabajadores: de siete a diez días. Esto ha supuesto que el virus vuelva a colarse en las residencias por la falta de información en trabajadores que volvían de sus vacaciones o de ancianos asintomáticos.
Conocimiento de primera mano
No obstante, el fiscal valora el esfuerzo hecho por la Junta de Andalucía para resolver estas demoras. « Es una prioridad máxima conocer los resultados para una población que es de riesgo máximo», ha señalado Norberto Sotomayor, que subraya que «se está solucionando».
Sotomayor, cuando la pandemia dio un respiro a los centros de mayores, visitó personalmente las residencias más afectadas en la pasada primavera: Joaquín Rosillo en San Juan de Aznalfarache, DomusVi en Santa Justa o el centro de Los Bermejales. Quería conocer su situación de primera mano. Supo que los responsables de estas residencias habían hecho acopio de material de protección para los próximos meses y una segunda oleada, que ya está presente. Además, la Junta de Andalucía también ha abastecido a estos centros. La impresión general para el fiscal fue muy buena por todo el trabajo que se estaba realizando en el interior de las residencias para luchar contra el coronavirus.
Pero advierte: « si esto se prolonga unos meses más habrá que estar atento » y subraya el importante esfuerzo realizado por la Junta organizativamente en la distribución de personal sanitario y enfermeras de enlace, el primer punto de contacto.
Por último, ha explicado a ABC que actualmente existen ocho diligencias informativas abiertas : una general y una por cada residencia donde se han registrado fallecimientos. A la llegada del verano llegó a tener abiertas más de una quincena. Todas serán archivadas porque para la Fiscalía no existe una actuación que constituya un delito por parte de los responsables de las residencias, sólo disfunciones administrativas achacables a la Junta de Andalucía, como ya avanzó en su día este periódico.
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