Coronavirus Sevilla
Frente común en Sevilla contra el «ineficaz» decreto del Gobierno para la Justicia
Habilitar de 20 días de agosto, los juicios telemáticos o la dispensa para el uso de las togas son decisiones que no servirán para desatascar la situación caótica de los tribunales: faltan medios e inversiones
Medidas de « maquillaje y coméstica », «ineficaces», «un falso consenso», «ilusorias», « lavado de cara ante la opinión pública », «caos», «demagógicas», «inoperantes» o «del país de nunca jamás». Éste es el rosario de definiciones de abogados, procuradores, jueces, fiscales o trabajadores cuando tienen que valorar el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.
La primera crítica generalizada de los operadores judiciales sevillanos al Ministerio de Justicia es la falta de consenso para elaborar este decreto, que entra en vigor hoy y durará lo que quede de estado de alarma y tres meses más, aunque los profesionales consultados por ABC señalan cierta confusión a este respecto.
El Consejo General del Poder Judicial no se ha pronunciado tampoco sobre el decreto de Juan Carlos Campo , que habilita del 11 al 31 de agosto e impone, entre otras medidas, la celebración de juicios de forma telemática salvo asuntos penales de gravedad, turnos de mañana y tarde en los juzgados para evitar aglomeraciones y contagios (abre la puerta a vistas orales por la tarde), atención al público por teléfono o correo electrónico, se reinician los plazos procesales y se amplía el tiempo para interponer recursos y medidas especiales para asuntos laborales y concursales.
Magistrados
Conrado Gallardo, magistrado de la Sección Quinta (civil) de la Audiencia de Sevilla y miembro del Foro Judicial Independiente , ha trasladado a este periódico la sensación «negativa» que ha despertado las medidas del Gobierno entre sus compañeros por varias razones.
En primer lugar, este decreto prueba, a su juicio, que quienes están al frente del Ministerio y del Gobierno «no tienen idea del problema real» de la Administración de Justicia, que vivía una situación de atasco antes del coronavirus y que ahora se ha acentuado, algo que no se arregla con «tres meses».
Gallardo divide las medidas en tres grupos. «Demagógicas, inoperantes, sin efectos y que sólo buscan salir en la prensa» son aquellas sobre la habilitación de días en agosto. « Qué ayudan 20 días hábiles y juicios sin togas », se pregunta.
Muchos juzgados, sobre todo de lo Social, tienen señalamientos para dentro de dos y tres años , por lo que una plan de choque de tres meses no arregla nada , otra evidencia de que no han tenido en cuenta la realidad de los juzgados, donde la solución pasa «por más jueces» y esto no está previsto. Por último, imponer juicios telemáticos es una medida del «país de nunca jamás» , porque no existen medios ni existirán para ello.
El magistrado critica con dureza la paralización de la actividad judicial por el estado de alarma porque no había motivos para ello. Con las medidas de seguridad convenientes, con mascarillas y equipos de protección, juicios a puerta cerrada y acceso restringido no hubiese sido necesario «un desmantelamiento brutal y absurdo» de la justicia.
Por último, aunque considera «incompetente» la actuación del Consejo General del Poder Judicial , cree que no podía hacer mucho más en una Administración de Justicia sobre la que mandan tres partes: Gobierno, Junta de Andalucía y el propio Consejo.
«Se han dado situaciones absurdas de haber más jueces que funcionarios en la Audiencia », comenta el magistrado, que recuerda el daño que la hizo a la Justicia y su organización las reforma de 2003 y 2010. En esta último, el ministro actual era secretario de Estado de Justicia.
El magistrado Joaquín Yust, titular del Juzgado de lo Penal número once de Sevilla y miembro de la Asociación Profesional para la Magistratura , apunta la situación de «auténtico caos» que se vive en los juzgados porque el Real Decreto-ley entra en vigor hoy pero ellos no han recibido ningún pronunciamiento del CGPJ, que el pasado sábado ampliaba, como el estado de alarma, hasta el 10 de mayo la suspensión de la actividad judicial, salvo asuntos esenciales.
Yust califica de «ilusorio» pensar que tres meses de paralización de los tribunales se van a solucionar con 20 días hábiles de agosto , pues ese «tapón» no se quita con una medida «ineficaz» como ésta; o la posibilidad de celebrar los juicios telemáticos, si se tiene en cuentan los medios disponibles en los juzgados sevillanos, los problemas de conexión o la acumulación de juicio. Él puede tener hasta diez juicios en un día, cómo se organiza a todo el mundo para comparecer de forma telemática, con qué sistema. Tampoco existe un acceso remoto a los programas informáticos judiciales.
Solución: más jueces
En cambio sí ve cierta lógica en implantar turnos de mañana y tarde para evitar concentración y posibles contagios , sobre todo en el edificio Noga, donde es habitual importantes aglomeraciones de personas en los estrechos pasillos.
Incertidumbre le genera la creación de unidades judiciales vinculadas al Covid-19 , que plantea el Real Decreto-Ley del Ministerio, porque no sabe si se refiere a los juzgados de nueva creación, como el Penal número 16 o el Social número doce en Sevilla. Y se pregunta si estos jueces van a «saber de todas» las jurisdicciones. Como alternativa plantea que por ejemplo el Juzgado de lo Penal nuevo asuma los asuntos ingresados en abril y los demás jueces pueden desatascar sus agendas.
La solución para su juzgado la tiene clara, los juicios suspendidos durante el estado de alarma los señalará cuando tenga libre la agenda, es decir, en enero de 2021. Pero la solución general, como ha comentado Conrado Gallardo, pasa por más jueces y funcionarios . El decreto, en definitiva y a su juicio, es «un lavado de cara ante la opinión pública» del Ministerio.
Procuradores y abogados
Los colegios oficiales de Abogados y Procuradores de Sevilla llevan días mostrando su rechazo a este plan de choque del Gobierno. Isabel Escartín, decana del Colegio de Procuradores , expresa el descontento generalizado del colectivo y la incertidumbre existente ante las medidas aprobadas. No hay una dotación económica importante para potenciar la celebración de juicios telemáticos ni para implantar el teletrabajo entre los funcionarios.
En definitiva, Escartín ve un grupo de medidas muy difíciles de activar sin fondos económicos ni una inversión en medios personales y materiales importantes.
Sobre el mes de agosto, medida que abogados y procuradores rechazan de lleno, apuesta por una concentración vacacional en agosto, para que los juzgados sevillanos no estén a medio gas en julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, en su opinión es una medida «de maquillaje y cosmética, así como ineficaz».
Igualmente lanza una crítica por la aprobación de estas modificaciones que son materia de regulación por leyes orgánicas mediante un Real Decreto-Ley con carácter extraordinario. A este respecto, Óscar Cisneros traslada a ABC que están trabajando sobre la procedencia de la fórmula usada para aprobar dichas medidas.
Además, el Colegio de Abogados celebró anoche una reunión de su junta de gobierno para valorar posibles acciones frente a este paquete de medidas del Gobierno aprobadas desatendiendo las recomendaciones de los profesionales del sector y que ha generado indignación sobre la Abogacía española. « No es verdad que haya existido consenso », asegurado el decano de los letrados sevillanos.
Fiscales
Desde la Fiscalía de Sevilla, otro de los operadores judiciales imprescindibles, se cuestiona la eficacia de algunas medidas puestas en marchas por el Ministerio, como habilitar agosto.
« La disgregación de fuerzas minimiza los resultados », señalan fuentes del Ministerio Público, sobre todo si se tiene en cuenta que los tribunales en Sevilla desde el 15 de julio y hasta el 15 de septiembre están «a medio gas», a lo que hay que añadir las vacaciones de los que trabajen en agosto. Por ello, como abogados y procuradores, duda de los resultados de habilitar agosto.
A esto, desde la Fiscalía se añade una cuestión a tener muy en cuenta en Sevilla y son las temperaturas de agosto en la capital y los pueblos, a lo que habría que añadir las condiciones climáticas de los edificios que albergan las sedes judiciales, muchos de ellos obsoletos. Eran posibles otras medidas, pero no ha existido consenso con todos los operadores judiciales, lamentan desde la Fiscalía.
Funcionarios
Hasta los sindicatos se oponen a algunos puntos del plan de choque urgente del Ministerio. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia expone que algunas medidas acordadas son de dudosa legalidad y otras de difícil puesta en práctica. Por ejemplo, cómo se garantiza la confidencialidad y la protección de datos en una atención telefónico si no es posible acreditar con absoluta fiabilidad y certeza la identidad de quien se comunica desde el otro lado del teléfono.
Respecto a la medida de habilitar como días hábiles los comprendidos entre el 11 y 31 de agosto, tiene «una más que dudosa viabilidad legal», por cuanto el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo lo prevé para actuaciones declaradas urgentes en las leyes procesales o por habilitación del CGPJ para otras actuaciones, que deberían, en su caso, ser señaladas taxativamente.
Con independencia de la legalidad de esta medida, la habilitación de « no sólo perjudica al descanso vacacional de abogados y procuradores que, esclavos de los plazos, no podrán tomarlo sino durante los primeros días de agosto, sino no habilitarlo que favorecía la tramitación acelerada de los procedimientos en curso, gracias a la falta de entrada de público y de nuevos escritos en durante este mes».
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