El Consejo Económico y Social respalda el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla, pero con matices

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha aprobado este miércoles el dictamen preceptivo del proyecto de presupuesto para 2022 presentado por el Ayuntamiento de Sevilla, del que valora «de manera positiva» el contenido y el «carácter social», así como las inversiones previstas, según se recoge en las conclusiones del documento. En éste se reseña, a las que ha tenido acceso E.P., se indica, además, que las cuentas se dirigen a la «reactivación económica, así como a dotar a la ciudad de las infraestructuras y servicios públicos municipales precisos para atender las necesidades de la ciudadanía y la creación de empleo», aunque «se sigue insistiendo en la necesidad de abordar adecuadamente el problema de las desigualdades sociales ».

El CESS llama la atención sobre el hecho de que, «como ya sucediera en los dos ejercicios anteriores, se aborda el presupuesto sin contar con unas ordenanzas fiscales aprobadas», sobre las que el gobierno municipal ha adelantado al CESS que su «intención» es la de mantener la mayoría de impuestos y tasas, «aunque no todos, modificando solamente tres». En este sentido, el Consejo Económico deja constancia de que «el hecho de que las ordenanzas no pasen por este órgano previamente al dictamen deslegitima la valoración que se puede hacer de dichas ordenanzas».

Aunque este organismo aplaude la supresión de las reglas fiscales para «poder utilizar el superávit» de 2020, «también suscita preocupación en el sentido de que muestra una falta de ejecución del presupuesto que debía haberse realizado en su correspondiente ejercicio económico». En el capítulo del empleo, el Consejo resalta los 9,9 millones reservados en el presupuesto para distintos programas, al tiempo que ha planteado la necesidad de «incrementar esta partida, así como los créditos destinados a comercio, turismo y pymes».

Sobre la recaudación prevista, el dictamen remarca la «necesidad» de aumentarla, así como el cobro en tiempo y forma, lo que «repercutirá favorablemente en el periodo medio de pago a proveedores , que sigue excediendo notablemente los 30 días de plazo legal, lo que afecta singularmente a pymes, autónomos y demás acreedores». Además, como en años anteriores, se reitera la reclamación de mejorar la ejecución de las cuentas, que, pese a que el año ha estado marcado por la pandemia, «continúa siendo preocupante y muy mejorable». «Especialmente relevantes son las bajas ejecuciones en los capítulos IV (inversiones reales) y VII (transferencias de capital), con las graves repercusiones que la falta de inversión tiene en la economía, en el empleo y en la calidad de los servicios públicos municipales», abunda el CESS.

Este ente recalca que «es necesario mejorar la gestión tanto de la recaudación como de la ejecución, fundamentalmente en inversiones y transferencias, ya que afecta a la creación de empleo, a las empresas y a la ciudadanía en general, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, lo que requiere un mayor esfuerzo en la ejecución ».