AUDIENCIA DE SEVILLA
Un conductor de la Junta de Andalucía confiesa haberse lucrado con tres tarjetas de repostaje de una empresa pública
La Fiscalía considera que malversó caudales públicos y que actuó en connivencia con 26 trabajadores de cuatro gasolineras de Sevilla
Un chófer de un alto cargo de la Junta de Andalucía ha confesado esta semana en la Audiencia haberse lucrado con tarjetas de repostaje de la empresa pública Dapsa (Desarrollo Agrario y Pesquero). La declaración de arrepentimiento se ha producido en el juicio que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Provincial, donde también se juzga a 26 empleados de cuatro gasolineras de Sevilla como cooperadores necesarios de ese conductor en un presunto delito de malversación de caudales públicos. El uso fraudulento de tres tarjetas de repostaje habrían permitido al conductor hacerse con 54.000 euros, dinero que se habrían repartido todos los acusados, según la acusación de la Fiscalía.
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La Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años de prisión por un delito de malversación continuado de caudales públicos o, alternativamente, cinco años por un delito continuado de apropiación indebida. El conductor espera ver su pena reducida al aplicársele varios atenuantes, ya que en el momento de su detención en 2009 sufría una fuerte drogadicción y confesó los hechos. Asimismo, solicitará atenuantes por dilaciones indebidas, ya que desde su detención hasta el momento del juicio han transcurrido 10 años, según fuentes consultadas.
Detenido en 2009
Los hechos habrían tenido lugar entre febrero de 2008 y septiembre de 2009. La empresa pública Dapsa (hoy absorbida por la agencia Agata), dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta, detectó un incremento injustificado de gastos en gasoil por parte de ese conductor y puso los hechos en conocimiento de la justicia. Al margen de ello, abrió un expediente disciplinario a este conductor, trabajador indefinido de la Junta, que terminó siendo despedido.
Según la Fiscalía, el acusado trasladaba en un vehículo oficial a los distintos consejeros delegados de Dapsa. Así, recibió de esa empresa un vehículo Peugeot 607 para trasladar a esos altos cargos y tenía asignadas tres tarjetas de repostaje para pagar los importes de gasoil de los desplazamientos que tuviera que realizar en el ejercicio de sus funciones el consejero delegado de Dapsa.
El Ministerio Fiscal considera que el conductor cargó a dichas tarjetas combutisble que realmente no había repostado en el Peugeot. En la actuación del conductor hubo, según el fiscal, «animo de obtener un ilícito beneficio, de forma reiterada y en connivencia con empleados» de cuatro gasolineras ubicadas en el polígono Store, así como en la avenida de las Razas y cerca del aeropuerto.
El conductor perseguía con esa actuación «obtener dinero en efectivo por el importe que cargaba en dichas tarjetas y repartírselo entre él y el empleado que le suministraba el dinero en efectivo, realizando así un total de 788 repostajes inexistentes en esas cuatro estaciones de servicio». Mientras que el conductor está acusado como autor de los hechos, un total de 26 empleados de gasolineras de Sevilla capital están acusados por cooperadores necesarios.
Cuatro gasolineras
El principal acusado habría actuado en connivencia con ocho empleados de una gasolinera del polígono Store para hacer al menos 370 repostajes falsos que le permitieron obtener 30.000 euros que se repartieron presuntamente. Asimismo, la Fiscalía considera probado que el conductor cargó en 78 ocasiones la tarjeta sin haber efectuado repostaje en 78 ocasiones en connivencia con una empleada de otra gasolinera del polígono Store, obteniendo así 6.000 euros.
En la estación de servicio de la avenida de las Razas, la Fiscalía indica que dos dependientes de la zona de tienda eran quienes entregaban dinero en efectivo al conductor en connivencia con nueve expendedores de gasoil, lucrándose así con casi 18.000 euros. Finalmente, en la estación de servicio del aeropuerto de Sevilla, el acusado cargó repostajes fraudulentos a la tarjeta de Dapsa en al menos 88 ocasiones en connivencia con seis empleados, obteniendo así 17.000 euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ABC.
Así pues, se cargaron a la tarjeta 75.979 euros de combustible cuando, según el kilometraje real del vehículo, sólo debió haberse repostar 21.923 euros en gasoil, siendo el total defraudado entre las cuatro gasolineras 54.056 euros.
Para la Fiscalía, «los hechos relatados constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos o, alternativamente de un delito continuado de apropiación indebida. Por ello, entiende que procede imponer a cada uno de los acusados la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta durante cinco años si los delitos se consideran malversación de caudales públicas. Si se estima que se trata de un delito continuado de apropiación indebida , la Fiscalía pide una pena de cinco años de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de doce meses con una cuota diaria de 10 euros y con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el Código Penal en caso de impago».
Responsables subsidiarios
Tanto el conductor como los empleados de las gasolineras deben, según la Fiscalía, indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía y, de forma subsidiaria, las gasolineras donde se realizaron los repostajes fraudulentos.
