TRIBUNALES
Condenados dos hermanos sevillanos por desviar 1,2 millones de una ayuda de Industria
La Audiencia le impone dos años y medio de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros; recibieron una subvención Reindus del Ministerio para un proyecto de pintura aeronáuticas
En junio de 2011 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concedió a la empresa Pinturas Áreas Bahía de Cádiz una ayuda para actuaciones de reindustrialización (Reindus), en forma de préstamo, de 1,2 millones de euros . Los empresarios, dos hermanos sevillanos , tenían hasta octubre de 2012 para justificar las inversiones y no lo hicieron. Después comenzaron las acciones de embargo por parte de la Administración central, pero tampoco surtieron efectos para recuperar el dinero. Una década después, la Audiencia de Sevilla ha condenado a los dos empresarios sevillanos por fraude de subvenciones, una condena mínima si se tiene en cuenta que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían ocho años por cinco delitos.
En noviembre de 2010, la Secretaría General de Industria convocó la concesión de tales ayudas para la comarca de la Bahía de Cádiz en el año 2011. Antes incluso de su constitución, Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz solicitó una de esas ayudas con el proyecto titulado «Pinturas aeronáuticas», presentándose la solicitud en diciembre de 2010 con la firma electrónica del que más adelante sería su administrador, que ha estado acusado en este asunto pero que el tribunal ha absuelto. El proyecto consistía en la creación de una industria destinada a pintar piezas para el sector aeronáutico .
La sociedad mercantil se constituyó en marzo de 2011. En mayo fue vendida a los dos hermanos empresarios sevillanos B.G. que cesaron al administrador único, asumiendo ellos tal función. Un mes después el Ministerio concedió los 1,2 millones de euros en ayudas .
Entre julio y agosto, los dos hermanos acusados extrajeron todo el dinero de la cuenta en la que fue ingresado, librando varios cheques para ello, algunos en favor de otra empresa familiar. Unos 300.000 euros en total que «no se destinó a desarrollar el proyecto industrial para el que fue concedido el préstamo», según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, a la que ha tenido acceso este periódico.
Desviaron casi un millón a otros fines
El resto se transfirió a otra cuenta de la empresa, de la que los hermanos acusados, entre agosto y noviembre, realizaron numerosas operaciones, «la mayoría de las cuales tampoco guardaba relación con el mencionado proyecto industrial, y cuya única finalidad era destinar una parte sustancial de la ayuda a sus patrimonios particulares y sociedades vinculadas ».
Según los hechos probados, los acusados sólo destinaron al proyecto en sí 285.991 euros para la compra de dos parcelas en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, en El Puerto de Santa María, para la licencia de obra mayor y el impuesto municipal sobre la construcción de una nave de nueva planta en dichas parcelas y un estudio geotécnico en dicho solar.
«En consecuencia, los hermanos B.G. desviaron de la genuina finalidad del préstamo otorgado 981.120 euros », concluye la Audiencia en su sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.
La ayuda a Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz estaba condicionada a que las inversiones y gastos previstos, los pagos y las justificaciones de las mismas se efectuaran antes de octubre de 2012; y la falta de justificación supondría incumplimiento, dando lugar al reintegro del dinero y sanciones.
Una multa millonaria
Los empresarios acusados no realizaron justificación alguna, por lo que el Gobierno inició el procedimiento para reclamar los fondos concedidos , pero tampoco atendieron a dicha solicitud y la Agencia Tributaria les embargó una finca de la mercantil.
Por estos hechos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado , en representación del Ministerio de Industria, Energía y Turism o, solicitaban a ambos hermanos hasta ocho años de cárcel por cinco delitos, pero el tribunal, atendiendo las tesis de la defensa, ejercida por el letrado Juan Carlos Alférez, sólo los ha condenado a dos años y medio de cárcel por fraude de subvenciones.
Además, tendrán que afrontar un millón y medio de euros de multa cada uno. Una cantidad algo inferior, 1.200.000 euros, tendrá que pagar también la mercantil. Igualmente, los dos empresarios y la empresa, solidariamente, deberán indemnizar al Estado con 935.454 euros, más intereses, como responsabilidad civil. Es la cantidad que desviaron a otros fines que era el proyecto industrial.
No obstante, el tribunal abre la puerta a un posible indulto . Así, en la sentencia se indica que «al objeto de que la pena fuera susceptible de suspensión, la Audiencia valoraría el esfuerzo de los condenados en la reparación del perjuicio económico causado con su conducta».
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