Educación
Colegios y padres de la concertada piden en Sevilla la paralización de la Ley Celaá
Presentan un escrito con firmas en la Delegación del Gobierno contra una norma que consideran «lesiva» para el sistema educativo
Mientras el Gobierno sigue tramitando a toda marcha y sin consultar a la comunidad educativa la Lomloe, la «Ley Celaá» ha provocado este miércoles numerosas movilizaciones y concentraciones de rechazo y la petición formal para que se derogue . Padres, representantes de colegios concertados y sindicatos de enseñanza han protagonizado minutos de silencio y concentraciones para pedir que se paralice la norma que tanta polémica ha causado.
En las puertas del colegio Altair, un centro de educación diferenciada de Sevilla, se ha guardado un minuto de silencio en el que ha participado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, que ha dialogado con profesores y padres del centro.
Por su parte, Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma de Concertados, y que representan a más de 600 centros, 20.000 profesores y 150.000 familias, han entregado un escrito en la Delegación del Gobierno en Andalucía con las enmiendas que desde la Plataforma Más Plurales Andalucía se proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual y ha solicitado que se escuchen sus propuestas. Porque, s egún dicen se trata de una Ley «lesiva» para el sistema educativo y la libertad de enseñanza.
Se trata de un escrito que pretende dar voz a lo que consideran un «clamor» contra la norma que provocó el pasado 22 de noviembre movilizaciones que paralizaron las principales ciudades españolas cuando miles de familias, docentes, titulares de centros y ciudadanía en general salieron con sus coches a la calle bajo el hagstag #StopLeyCelaá.
Sin embargo, como la ley sigue su curso y podría ser aprobada la próxima semana en el Senado, la plataforma pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo «profundo y serio» ya que consideran que se ha vetado su participación en todo el trámite parlamentario.
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Según han denunciado, no han querido dialogar, ni consensuar, «sólo imponer su Ley». Por ello la plataforma asegura que no se cansará y no cejará en su empeño. «Seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo», aseguran.
Entre las acciones que tienen previstas están la petición a los partidos políticos para que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionarán en las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma.
Igulamente tienen previsto solicitar la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tanpronto sea posible.
En Europa
Además, afirman que recurrirán a las instituciones europeas en busca de amparo y alentarán la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social.
Según dicen, rechazan que se limite y recorte la libertad de enseñanza, defienden la complementariedad de las redes pública y privada concertada y no admitirán que la norma permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado y planificar de forma arbitraria la oferta educativa sin tener en cuenta las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.
Tambien rechazan el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias. En ese sentido pedirán al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial y que los padres puedan elegir el que consideren mejor para sus hijos.
Igualmente exigen mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros educativos ya que consideran que la futura ley abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo.
Ideología laicista
En su escrito denuncian que, a través del control político de la educación, ese está asistiendo a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional.
Igualmente reclamarán al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad. Una financiación que, según dicen, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos.
Más Plurales Andalucía también ha hecho un llamamiento a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que el próximo domingo día 20 de diciembre en las manifestaciones de coches que van a celebrar en todo el Estado, muestren «el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades» que consideran que supone la Lomloe.
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