Ciudad de la Justicia de Sevilla: doce meses para escapar de un laberinto de más de 20 años
El nuevo Gobierno regional de PPy Cs ha impulsado en solo un año el ansiado complejo judicial de Sevilla, con el que el PSOE lleva dando rodeos desde 1998
A comienzos de la pasada semana, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín (Ciudadanos) y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), anunciaron el respaldo absoluto al proyecto de Ciudad de la Justicia en Palmas Altas una vez repasado el plan de movilidad y, según dijeron, quedar asegurada una buena conexión con la zona «sin peligro de colapso». En ese mismo acto, la Junta de Andalucía dio luz verde ya sin reserva alguna al anhelado proyecto para la ciudad, asegurando que el complejo judicial estará activo en 2023. En ese año, curiosamente, se cumplirán veinte de una foto ahora sonrojante: la del entonces alcalde, el también socialista Alfredo Sánchez Monteseirín , y la entonces consejera de Justicia, su compañera de partido Carmen Hermosín , firmando a bombo y platillo el protocolo para promover la Ciudad de la Justicia sevillana, que se construiría en los Gordales , junto al campo de la Feria y la actual parada del metro de Blas Infante.
Antes incluso de aquella rúbrica frente a las cámaras, ya se llevaba varios años hablando del proyecto, desde mediados de los 90 incluso, cuando se señaló al Pítamo o el Higuerón como ubicaciones ideales para un complejo de este tipo. Que era necesario en aquellos tiempos por el deterioro de las actuales sedes judiciales del Prado de San Sebastián. Han pasado casi 30 años y los profesionales del ámbito judicial siguen trabajando a diario en esas desvencijadas instalaciones. Y todos esos años, además, han pasado también por la Administración andaluza bajo el mando de un solo partido, el PSOE, que ha sido incapaz en todo ese extenso periodo de tiempo de poner en marcha el proyecto mientras que en otras capitales andaluzas se han hecho realidad.
El fiasco socialista en esta materia contrasta con la agilidad que ha mostrado el Ejecutivo regional de PP y Ciudadanos, que en sólo doce meses ha logrado relanzar el proyecto que, eso sí, ya tenía perfilado el último equipo de trabajo de la socialista Susana Díaz , con la ubicación en la antigua sede de Abengoa para ahorrarse costes al tratarse de edificios ya construidos. Ahora el plan de movilidad ha recibido la bendición de los técnicos. Este trabajo de evaluación que la administración andaluza inició a principios de septiembre indica que un total de 4.400 personas utilizarán cada día a las nuevas instalaciones , casi medio millar menos de las que trabajaban en la empresa que estaba allí instalada.
Quedará la tramitación para adaptar las instalaciones, un arduo traslado o incluso ejecutar nuevos edificios para la Audiencia Provincial o las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero desde el sector se destaca la agilización de un proceso que ha estado lustros en vía muerta. Y eso a pesar del «compromiso firme» con el proyecto del que presumía el PSOE.
Siendo consejera de Justicia Carmen Hermosín, allá por el año 2003, ya se hicieron las fotos ella y Monteseirín, en los terrenos frente al parque de los Príncipes que finalmente se señalaron como parcela idónea, la del Cordel de Los Gordales, que venía a poner fin a una ya por entonces larga polémica en torno a la ubicación. Hace 17 años de aquello. Sólo un par de años después, la propia Hermosín empezaba a recular y matizaba que los suelos y el PGOU en general estaban «en constante revisión» y que no había que precipitarse, exponiendo que la Ciudad de la Justicia se haría, pero «a largo plazo, ya que es una inversión importantísima, de muchos miles de millones, y no se trata de algo para hoy ni para mañana». Y tanto.
Pese a los apoyos que parecía concitar la ubicación junto al campo de la Feria, un recurso del Gobierno central, propietario del terreno en un 79%, hizo que la siguiente consejera, María José López , diera un extraño volantazo y se llevara el proyecto a terrenos del puerto a pesar de la cercanía de depósitos de carburante y la falta de conexiones. Hasta el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves , anunció un ramal del metro para unir esa zona con la ciudad. Cuentos de hadas. La nueva ubicación desencadenó una retahíla de protestas, puso en un brete el PGOU y hasta hizo temblar el pacto de gobierno PSOE-IU. Al final, la Junta dio marcha atrás y volvió a mirar a Los Gordales.
Pese a haberse señalado esos suelos como los indicados en 2003, no fue hasta seis años después, en 2009, cuando la siguiente consejera de Justicia, Evangelina Naranjo , presentó los datos concretos de la parcela para levantar el complejo. La misma superficie y el mismo lugar, pero seis años después. Y nada había ocurrido. 40.000 metros cuadrados. En medio había quedado como anecdótico capítulo aquella opción en terrenos portuarios. Yseis años, claro. Con Naranjo al frente se anunció que el concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico de la Ciudad de la Justicia se adjudicaría, según se dijo, en septiembre de 2009, dándose un plazo de 22 meses para la redacción y entrega del proyecto definitivo.
Todo el plan quedó en nada cuando entró en la Consejería Begoña Álvarez , que tuvo que poner en marcha el «edificio puente» en la Buhaira, una sede llamada a ser provisional por la saturación de los juzgados del Prado . Entonces estalló la crisis económica y todo lo que hizo a partir de ese momento el Ejecutivo andaluz fue marear la perdiz aludiendo a reuniones y discrepancias con el Ayuntamiento y el Estado y consignando cantidades ridículas para el proyecto en sus presupuestos de cada año. Dinero simbólico para oficializar el entierro del proyecto.
Ni Álvarez ni luego Francisco Menacho dieron respaldo alguno a la Ciudad de la Justicia, el segundo de ellos escudándose en la llegada de un nuevo alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido , con un planteamiento distinto. Eso era cierto, ya que el luego ministro del Interior propuso que, ante la falta de fondos para el proyecto en Los Gordales, se apostara a corto plazo por remodelar los actuales juzgados hasta convertirlos en la Ciudad de la Justicia que reclamaban los profesionales del sector. La posición municipal sirvió a Emilio de Llera después para aparcar el plan alegando que el Ayuntamiento estaba en contra del mismo. Al menos fue sincero al denominar el proyecto como «ciencia ficción».
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