Tribunales
Cada año se suspenden más de 23.000 juicios en la provincia de Sevilla
Las suspensiones, que el decano califica de «preocupantes», afectan ya al 30 por ciento de las vistas
Que la Justicia es lenta es algo archisabido. Desde que comienza la investigación de un delito hasta que el responsable o responsables de ello se sientan en el banquillo pueden pasar meses o incluso años. Esta lentitud se ve agravada por un fenómeno creciente en Sevilla: el de las suspensiones de juicios . Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía referente al año 2016 y presentada hace unos días, el pasado año se suspendieron en Sevilla 23.699 juicios.
Del total de juicios aplazados, el mayor número se produjo en la jurisdicción social (7.525) , seguido de los juicios de lo penal (6.506) y la jurisdicción civil (6.242). En último lugar están las suspensiones de juicios de lo contencioso administrativo (3.426).
La memoria refleja que el número de suspensiones ha subido y que estos aplazamientos suponen ya el 30 por ciento del total. Hubo 55.368 juicios durante todo el año 2016.
Es un dato que el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, considera «preocupante», aunque ese fenómeno se produce pese a que la maquinaria judicial funciona con el número de órganos que tiene. El problema es que cuando un juicio tiene que suspenderse por uno u otro motivo, volver a señalarlo de manera cercana no siempre es posible. Y eso, según admite el decano, produce una «mayor dilación» del señalamiento.
¿Por qué se aplazan los juicios? Hay muchas causas pero lo más corriente es la ausencia de alguna de la partes personadas y cuya presencia es fundamental en la vista . En algunos casos se trata de que no se ha podido localizar al procesado y no se presenta al juicio. Y en otras es un testigo fundamental el que no acude porque la oficina judicial no ha conseguido encontrar su paradero. A veces ocurre que uno de los abogados tiene otro juicio ese día que le impide acudir.
Y también se dan, por ejemplo en los juzgados de lo Social, ocasiones en las que se comunica al tribunal en el último momento la decisión de acudir a la vía extrajudicial de la conciliación para intentar el acuerdo. O los casos en los que se llega a la conformidad en el último momento y, por tanto, no hay necesidad de celebrar el juicio.
Es uno de los datos más llamativos de la memoria que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, presentó en Granada. Pero hay más. Por ejemplo, el de las ejecuciones penales que siguen pendientes , algo que ya no resulta novedoso ya que Sevilla lleva años arrastrando miles de sentencias por ejecutar.
El pasado año se registraron en Sevilla 16.291 ejecuciones penales, y que se resolvieron en todo el año 23.097 pero al final se culminó el año con 18.068 sentencias pendientes de ejecutar.
La cifra, aunque ha disminuido con respecto al año anterior, sigue siendo importante y un tema que preocupa al decano de los jueces. Francisco Guerrero, que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el asunto, lo achaca a que sigue entrando más ejecutorias de las que lo distintos juzgados pueden asimilar y es algo que ocurre de manera más significativa en los ámbitos penal y de primera instancia. «Los trabajadores judiciales hacen un esfuerzo permanente para resolver cada año el número de asuntos pendientes», dice Guerrero. El decano insiste en la necesidad de servicios comunes de ejecutorias para paliar esa sobrecarga. Es un tema que lleva años pendientes sin que acabe de arrancar.
Luego hay otros datos de la memoria. Por ejemplo, el hecho de que las secciones penales, que ingresaron el pasado año 7.611 asuntos qu´=e unidos a los que tenían de años anteriores les supuso una carga de trabajo de 9.218 asuntos. Acabaron con 1.638 pendientes. El Alto Tribunal recuerda que en las cuatro secciones penales de la Audiencia hay 20 magistrados y que ello supone que la media de asuntos ingresados supera el módulo referencial que establece el CGPJ.
Pese a que en 2015 se incorporaron cuatro magistrados más, el Alto Tribunal sugiere la ampliación en dos plazas para posibilitar secciones funcionales en juicios complejos y de larga duración que obligan a medidas coyunturales de planes de refuerzo y exoneración de reparto que podrían solventarse con una plantilla más holgada. El TSJA pide una reflexión sobre la «rigidez organizacional» de las audiencias que no permite margen de maniobra y solicita una mayor flexibilidad para que, sin perjuicio del aumento del plantilla, se adopten medidas de apoyo y gestión más eficaces.
En este sentido, se propone que se reduzcan y se redistribuyan los efectivos en las secciones civiles para reasignarlos a refuerzos de las penales, algo que provocaría una mayor «eficacia y eficiencia». Se trata de una medida que, según el TSJA, ha sido solicitada en varias ocasiones a la Consejería de Justicia sin obtener respuesta, algo que «impide ganar eficacia y eficiencia con los actuales recursos humanos, así como dotar de mayor agilidad al trabajo de las secciones penales». Se propone incluso dotarse de alguna sección bis funcional integrada por alguna de los dieciséis magistrados de las cuatro secciones civiles, para darle más operatividad y fluidez. Esta propuesta contrasta con la situación de las secciones civiles en las que también han crecido los asuntos pendientes en un 29 por ciento. La Audiencia ingresó 4.067 asuntos, un 7 por ciento más que en 2015 y resolvió 3.547. La carga final fue de 5.655 asuntos. Después del repunte de 2012, se dan cifras parecidas a las de años anteriores aunque se observa incremento de los asuntos registrados y de la pendencia del 29 por ciento. Los magistrados civiles también superan el módulo referencias de 218 asuntos por cabeza. Ese dato hace al TSJA plantear la necesidad de otro magistrado en la planta civil para equilibrarlas con las secciones penales, formadas por cinco.
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