El Ayuntamiento de Sevilla ordena cerrar el hotel Mercer por las reformas ilegales

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo dio este miércoles un durísimo varapalo a uno de los hoteles de lujo de la capital andaluza, el Mercer Sevilla , en la calle Castelar 26. Este establecimiento de cinco estrellas de la cadena hotelera del empresario Pedro Molina, inaugurado en verano de 2016, se ha convertido en uno de los referentes del sector en la ciudad. Pero sus reformas no tenían todo el respaldo legal y ahora se han vuelto en su contra. Esta casa palacio del siglo XIX fue restaurada por los arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Con todo, el proyecto se encontró con serias dificultades cuatro meses después de inaugurarse con sólo doce habitaciones.

La Junta de Andalucía le abrió un expediente sancionador por presunta afección al patrimonio a causa de un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio que entendía que se realizaron obras sin autorización y se apartaron elementos protegidos. Por otra parte, Urbanismo exigió la reposición de la cubierta original del edificio de tres plantas, cuya eliminación permitió construir más habitaciones y una terraza superior con piscina . El promotor alegó que las obras se habían ejecutado conforme al proyecto de Cruz y Ortiz, si bien los arquitectos se desligaron del asunto exponiendo que habían dejado la dirección de obras por desavenencias con la propiedad y sus decisiones, por lo que no serían «responsables de las irregularidades detectadas». Mercer interpuso un recurso al dictamen de la Gerencia, pero ésta ha mantenido su postura.

De esta forma, el consejo de este miércoles resolvió ordenar a Mercer Sevilla «la inmediata suspensión del uso hotelero que viene desarrollándose sin licencia» , con apercibimiento de que «practicada la notificación podrá procederse al precintado de las instalaciones o uso». En el dictamen de Urbanismo, al que tuvo acceso este periódico, se advierte a la propiedad de que «el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas», que sólo se interrumpirán si la cadena hotelera comunica fehacientemente a la Gerencia el cumplimiento de la orden de suspensión y aporta documentación justificativa». Se advierte incluso a las empresas suministradoras de servicios públicos que suspendan el suministro que venían prestando a la finca en un plazo máximo de cinco días.

En el repaso a los motivos de la denegación de la licencia se hace ver de nuevo que una parte de las obras de reforma, rechazada en verano de 2017, no se puede legalizar, ya que se instó a la recuperación de la cubierta original, con la eliminación de las terrazas de la planta superior, para desbloquear la licencia del reformado y nada de eso se hizo.

Urbanismo recordó que en abril de 2016 inspeccionó la obra para comprobar la concordancia de los trabajos que se ejecutaban con respecto al diseño original, «detectándose modificaciones no contempladas en proyecto», lo que se puso en conocimiento del promotor.