Tribunales
El Ayuntamiento de Sevilla busca desactivar el escándalo de las oposiciones de la Policía Local
Los servicios jurídicos analizan el precedente de Málaga, donde 96 agentes se quedaron con su plaza a pesar de que los tribunales sentenciaron que se habían hecho trampas
El grupo de opositores que decidió denunciar las trampas que se habían cometido en las pruebas para acceder a la Policía Local de Sevilla en el año 2012 tenían razón. Así lo afirma la última sentencia conocida este miércoles por la cual una juez de lo Contencioso ha ordenado la repetición de parte de ese proceso selectivo por las sospechas «contundentes» de que se produjo una filtración. La decisión de la titular del juzgado Contencioso-Administrativo nº 7 Nuria Marín supone una victoria moral para unos aspirantes que se vieron superados en la parte final del proceso por otros competidores a los que les habían facilitado las respuestas del caso práctico. Un escándalo mayúsculo que atenta contra principios básicos consagrados por la Constitución que, sin embargo, puede quedar en nada. Hay precedentes y los servicios jurídicos del Ayuntamiento los están analizando para seguir esa misma línea.
La estrategia pasa por dejar que la causa siga sumando años para que, llegado el momento, la Justicia dictamine que no es posible ejecutar la sentencia y que, por tanto, todo se queda igual. Y eso a pesar del reproche judicial. Así, los agentes que accedieron a un puesto de empleado público mediante amaños, seguirían con su plaza como hasta ahora. Desde el Ayuntamiento de Sevilla no confirman de manera definitiva aún si van a recurrir la decisión de la jueza de lo Contencioso; aunque en este proceso han ido en contra de los planteamientos del demandante, tratando de que la Justicia desestimara el recurso de alzada que había planteado este antiguo opositor ante el Consistorio.
Con estos precedentes todo apunta a que el recurso es la única posible salida para el Consistorio, teniendo en cuenta que si no sigue pleiteando, al Gobierno Local de Juan Espadas se le abriría una crisis importante en el seno de la Policía donde han alcanzado una paz social que le ha garantizado no tener un conflicto en la plantilla a pesar de que sufre un déficit de agentes sin precedentes, superior a los 400 funcionarios.
Sobre el más que probable recurso a la sentencia se pronunciaba este jueves el alcalde Juan Espadas , asegurando que hay motivos para seguir pleiteando. «Hay elementos que son importantes que no han sido tenidos en cuenta, la suspensión afectaría a todos los que participaron en ese proceso, más allá de que estuvieran imputados en el proceso penal, que creo recordar afectó a unas 10 personas». En el banquillo de los acusados se sentaron más de una treintena de opositores.
Encima de la mesa de los servicios jurídicos municipales está un auto del TSJA de 2014 que dictaminó la imposibilidad de ejecutar una resolución firmada por el mismo tribunal, el cual había ordenado anular un proceso selectivo del año 2002 por el cual obtuvieron plaza en la Policía Local de Málaga 94 agentes.
Espadas ya ha anunciado en declaraciones a los medios que cabe recurso y que es muy probable que ésta se la vía que adopte el Consistorio
Esa causa malagueña es casi gemela al asunto que acaba de reactivarse en Sevilla. Allí, tres opositores denunciaron las trampas que se habían cometido en uno de los ejercicios y también el escándalo salpicaba a un sindicato de la Policía . Antes de celebrarse la tercera prueba se había filtrado su contenido a quienes habían preparado los exámenes en una academia que tenía un convenio de colaboración con el sindicato UPLB . La Justicia les dio la razón y la causa llegó hasta el Supremo, que ratificó en 2011 la orden de repetir los exámenes decretada por el TSJA.
Como el Ayuntamiento no ejecutaba la sentencia, los demandantes reclamaron judicialmente que lo hiciera de manera urgente. Esto supuso sumar un año más a un larguísimo procedimiento que tardó más de una década en resolverse. Finalmente el TSJA acabó dictaminando que a pesar de que las oposiciones no habían sido limpias, materializar la sentencia suponía de facto expulsar al 10% de la plantilla y que esto comprometía servicios claves para la ciudad como los dispositivos de seguridad de la Semana Santa y de la Feria. El TSJA acabó validando los argumentos del Consistorio. A los opositores que decidieron denunciar el fraude tan sólo les quedó la recompensa de la victoria moral y una indemnización de 28.200 euros.
Entre los afectados, el hijo del jefe de la Policía
El número de agentes afectados en Sevilla es menor. Al invalidarse el resultado de las oposiciones, los 56 que obtuvieron plaza la perderían. En ese grupo están los 37 que se sentaron en el banquillo de los acusados en el procedimiento penal que acabó con una sentencia absolutoria. El juez que estaba entonces en el Penal 10 concluía que algunos aspirantes pudieron tener acceso a las respuestas de una de las pruebas, pero como no se podía probar quién realizó la filtración, no cabe reproche penal.
Entre los acusados que salieron exonerados y que ahora una juez ordena que debe salir del cuerpo y presentarse de nuevo a las oposiciones está un hijo del jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga . El Ayuntamiento esperó hasta diciembre para oficializar el nombramiento de este mando policial, que aunque llevaba tiempo fuera de la plantilla sevillana se había formado como agente y oficial en la jefatura de Sevilla. En diciembre ya había transcurrido más de medio año desde que el Penal absolviera al hijo de Medina Arteaga y la sentencia fuera firme.
Y es que a pesar de las sospechas que hubo desde el inicio de que el proceso no había sido limpio, los opositores que se hicieron con una plaza, ingresaron en el cuerpo y a día de hoy algunos ya han ascendido y han recibido condecoraciones al mérito policial .
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