El Ayuntamiento de Sevilla «abusa» de los contratos por vía de urgencia
La Cámara de Cuentas avisa de que hay 12 millones adjudicados que son nulos de pleno derecho y más de cien millones impugnados en los juzgados
![La Cámara reprueba el convenio del Ayuntamiento para rescatar 140 licencias de taxi](https://s2.abcstatics.com/media/sevilla/2020/07/02/s/licencia-taxi-sevilla-kDAE-U85335600138eUg-1248x698@abc.jpg)
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha efectuado una fiscalización de la actividad contractual y los convenios formalizados durante el año 2017, excluidos los contratos menores, en el Ayuntamiento de Sevilla y en sus conclusiones avisa de que el gobierno de Juan Espadas «abusó» de la contratación por vía de urgencia y que adjudicó doce millones de euros sin mantener relación contractual con los beneficiarios de este dinero.
En opinión de la Cámara de Cuentas la actividad contractual y de convenios desarrollada por el Ayuntamiento de Sevilla durante el ejercicio 2017 resulta «conforme, en sus aspectos significativos, con el marco normativo aplicable», pero menciona una serie de incumplimientos importantes . En primer lugar, «de los 24 contratos adjudicados en 2017 examinados, 17 de ellos, que totalizan 35.894.528,91 €, han sido tramitados por la vía de urgencia ». Además, «en 13 expedientes se considera que los motivos alegados no justifican suficientemente tal declaración», que «responde a una imprevisión en la programación de las actuaciones encaminadas a la satisfacción de las necesidades que se pretenden cubrir». Es decir, el gobierno municipal tiene un marcado carácter improvisador en su gestión.
La Cámara de Cuentas hace hincapié en que «esta especial tramitación puede incidir negativamente en el principio de concurrencia al implicar la reducción a la mitad de los plazos establecidos en la Ley (menor tiempo de publicidad, menor tiempo para el estudio de proyectos y para la preparación de las ofertas)», hasta el punto de que hay seis expedientes en los que sólo concurre un licitador y en dos de ellos «la urgencia ha supuesto una reducción de los plazos de presentación de ofertas».
A esto hay que añadir que en diez expedientes «no se concreta en sus pliegos de prescripciones técnicas el modo en que por parte del órgano de contratación va a ejercer la supervisión durante la ejecución del contrato» y que en varios casos se han producido importantes bajas temerarias . La Cámara cita especialmente un contrato de Fiestas Mayores en el que la oferta que resulta adjudicataria incurre en una baja del 18,50% porque la citada empresa no acredita «la posibilidad de cumplimiento de la oferta con el Convenio Colectivo de aplicación». Otro caso en el que la institución fiscalizadora andaluza llama la atención al Ayuntamiento es el del rescate de 140 licencias de taxi a través de un convenio cifrado en 9,8 millones de euros. La Cámara entiende que la convocatoria es de 2018, pero las circunstancias socio económicas que se plantean son de 2011, por lo que las condiciones habrían cambiado sustancialmente y, por tanto, «podría no encontrar justificación el interés general que sustenta la convocatoria de ayudas de nuevos rescates».
También se detalla un expediente en el que e l importe total facturado es de 83.025,36 euros a pesar de que el importe por el que fue adjudicado era de 72.587,90 euros. «Se ha constatado que en la primera factura se contienen servicios prestado en abril y mayo de 2017 que carecen de cobertura legal», añade.
Según la Cámara de Cuentas, todos los supuestos analizados de prestación sin cobertura contractual «son nulos de pleno derecho puesto que prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y la cantidad total de gasto sin contrato analizado asciende a 12.727.782,14 euros .
Por último, el ente fiscalizador revela que los recursos contencioso-administrativos que actualmente tiene el Ayuntamiento interpuestos en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por parte de ciudadanos que se oponen a resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales municipal, y que están pendientes de sentencia, pueden tener una repercusión económica para las arcas públicas de 100.282.491 euros.
Por todo ello, la Cámara recomienda al gobierno de Juan Espadas que «en los procedimientos negociados sin publicidad se soliciten ofertas al mayor número posible de empresas capacitadas para realizar la prestación » y que «refuerce el seguimiento de la ejecución de los contratos», además de darle un tirón de orejas por «abusar» del modelo de contratación de urgencia eligiendo a una sola empresa y sin concurrencia.
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