El Ayuntamiento de Sevilla recibe otras cinco nuevas condenas por obras que Monteseirín no pagó

La hipoteca que Alfredo Sánchez Monteseirín le dejó a Sevilla sigue ampliándose con viejas cuentas que el exalcalde dejó sin pagar. La herencia negativa de su mandato volverá a incrementarse hoy en la Gerencia de Urbanismo , donde se tomará conocimiento de otras cinco sentencias nuevas, a sumar a una lista interminable, que condenan al Ayuntamiento a pagar obras realizadas hace nada menos que una década y que el gobierno socialista no pagó. Se trata de trabajos de «rehabilitación de barrios degradados» que se acogieron al plan denominado Mur en 2005. Las obras consistieron en la restauración de distintas zonas de Alcosa, Amate, Juan XXIII y San Diego . Las empresas adjudicatarias de cada una de ellas —Comsa, Heliopol, Peninsular de Contratas y Grupo DHO— se fueron a los tribunales porque después de haber ejecutado las labores indicadas en el contrato no consiguieron que el Ayuntamiento abonara la certificación. Tras un largo periplo por los juzgados, todas han conseguido que la Justicia les dé la razón y, como consecuencia del tiempo transcurrido, el Ayuntamiento tendrá que pagarles , además de la cuantía de las obras, unos suculentos intereses que superan los 250.000 euros.

Por un lado, a Comsa se le adeudan dos partidas en concepto de intereses de demora que ascienden a 173.600 euros , según sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que también indica que la obra inicial costaba 223.288 euros . Es decir, el impago de aquel trabajo ha provocado que su coste para el erario casi se duplique porque, además, este caso acumula varias sentencias en contra que nunca se acataron. Lo mismo ha ocurrido con la obra que Peninsular de Contratas hizo hace once años en Juan XXIII. La deuda principal era de 436.414 euros, pero no se abonó y ahora la sentencia del Contencioso Administrativo número 14 obliga a pagar también 67.378 euros de intereses.

La suma total de las obras sin pagar de aquel plan de barrios es de algo más de un millón de euros , aunque el legado de Monteseirín en este tipo de sentencias alcanza ya los tres millones desde que dejó el Ayuntamiento hace cinco años. Y todavía hay una lista de denuncias pendientes en los tribunales por razones similares, por lo que es previsible que la losa que dejó siga creciendo en los próximos meses.

Uno de los asuntos pendientes más importantes que todavía están por resolver es el de la venta a la empresa Detea de los dos edificios en los que estaba la comisaría de la Policía Local en la Cartuja. Monteseirín acordó no entregárselos hasta que se terminara de construir la nueva comisaría en la Ranilla , pero el alcalde socialista se marchó sin haber adjudicado siquiera la construcción de la sala de control, por lo que el traslado a este nuevo espacio se demoró hasta bien entrado el mandato de Juan Ignacio Zoido . Como consecuencia de este retraso en la entrega, Detea pide en los tribunales una indemnización que asciende a 17 millones de euros , ya que también denuncia que los edificios se los entregó el gobierno del PP en estado ruinoso tras ser expoliados. Antes, esta empresa ya logró en los juzgados que se le pagaran dos millones por la certificación final de obras , que tampoco se había abonado. Una factura más de una era que seguimos pagando cinco años después de su ocaso.